La supuesta trama alcanza a cuatro autonomías

Las investigaciones sobre supuestas tramas de corrupción en la inspección de Hacienda se despliegan en cuatro comunidades autónomas. Además de en Cataluña, que ha recibido la mayor atención hasta el momento, no menos de 13 funcionarios de la inspección, en activo o excedentes, se encuentran sometidos a investigación.El primer caso, con un número de expedientes administrativos en marcha, seis, similar al de Barcelona, es el de la Inspección de Madrid, en concreto de la disuelta Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales, una unidad especial dedicada a elaborar estudios para orientar el trabajo de la inspección. A raíz de la investigación judicial de una denuncia por extorsión presentada por el empresario Juan Abelló, una juez de Madrid ordenó la detención del inspector miembro de la Unidad de Estudios Mariano Navarro-Rubio, hijo del ex ministro franquista del mismo nombre.

Esta acción puso al descubierto una completa red de extorsión que utilizaba como materia prima los informes elaborados por esa misma unidad. Hacienda disolvió primero el grupo de estudios, en abril pasado, y recientemente decidió abrir expediente administrativo a seis de sus miembros.

Unos meses antes, la Agencia Tributaria había decidido abrir expedientes a cuatro ex altos cargos de la inspección de Valencia, encabezados por el ex jefe regional de inspección, Alfredo Pérez Lodares, a quien también se expedientó en relación con la trama de Madrid. En este caso, la instrucción de los expedientes administrativos, en los que se investiga una supuesta prescripción irregular de expedientes, aún no ha finalizado.

Dirigente del PP

Por último, la Agencia Tributaria envió a la fiscalía de Burgos una denuncia contra un jefe provincial de inspección y dirigente del PP, Javier Pardilla, un ex jefe y un subinspector, por su presunta colaboración en una red que ofrecía inmunidad fiscal a decenas de empresas que trasladaban su sede social desde Marbella (Málaga) a la capital castellana. Esta denuncia ha sido archivada por el juez de Burgos sobre el que recayó el caso por supuesta prescripción de los delitos, al haber sido cometidos hasta 1992.

La fiscalía de Burgos ha recurrido y ahora se está a la espera del fallo de la Audiencia Provincial. Esta red de Burgos, según las primeras investigaciones, podría también tener relación con una trama de facturas falsas que operó en Málaga bajo la dirección de un inspector de Hacienda en excedencia y que actualmente está pendiente de juicio.