Peneuvistas, CiU y el Bloque preparan unidos un programa de reivindicaciones para las generales

Los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes han decidido resucitar en vísperas electorales el espíritu de la Declaración de Barcelona, el documento que aboga por el reconocimiento de la plurinacionalidad de España. Los coordinadores de las cuatro formaciones políticas -CDC, UDC, PNV y BNG- trabajan en un borrador de programa electoral conjunto para los próximos comicios generales en el que piden que los tribunales superiores de Galicia, Cataluña y País Vasco sean las máximas instancias judiciales, así como la reforma del Tribunal Constitucional para dar cabida a las nacionalidades.

El programa común fue abordado ayer en la reunión que mantuvieron en Santiago de Compostela representantes de las cuatros formaciones políticas. En el texto no hay referencias a la reforma de la Constitución, ni reivindicaciones de estructura confederal para España. Es un conjunto de medidas concretas, pero que suponen estrechar la relación entre las formaciones nacionalistas, un paso que Convergència i Unió siempre se había resistido a dar y que suscita polémica en el seno de la misma coalición.Los líderes de los partidos firmantes de la Declaración de Barcelona -suscrita en la capital catalana en 1998- darán su apoyo a ese texto en la reunión que mantendrán el próximo 28 de enero en Bilbao y a la que está previsto que asistan Pere Esteve, secretario general de CDC; Xavier Arzalluz, presidente del PNV; Xosé Manuel Beiras, líder del BNG; y Josep Antoni Duran Lleida, presidente del comité de gobierno de UDC.

La reivindicaciones

El programa electoral conjunto al que darán luz verde los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes incluye las siguientes propuestas:

-Reforma del Senado.

-Reforma del Tribunal Constitucional para dar cabida a representantes de nacionalidades históricas.

-Recuperación de las competencias exclusivas.

-Conversión de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, País Vasco y Galicia en las máximas instancias en cada una de estas comunidades.

-Supresión del control que ejercen delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

-Control efectivo por parte de las comunidades autónomas de la seguridad pública no supracomunitaria.

-Reconocimiento de las lenguas propias en la Unión Europea.

-Promover las competencias exclusivas en el terreno educativo.

-Supresión del Ministerio de Cultura.

-Creación de selecciones deportivas nacionales.

-Nuevo sistema de financiación autonómica.

-Competencia exclusiva respecto a la gestión de recursos naturales propios.

-Control de aguas interiores.

-Presencia en la Unesco y en la Unión Europea, en la perspectiva de formar parte de la delegación española que asista a la próxima cumbre.

Éstos son los puntos básicos del programa que se debatió ayer y que será definitivamente aprobado el día 28, en la cuarta cumbre de la Declaración de Barcelona de la que saldrá algún documento. La primera se celebró en julio de 1998 en Barcelona; la segunda coincidió con el anuncio de la tregua de ETA en Bilbao (septiembre de 1998); la tercera tuvo como escenario Santiago de Compostela, en noviembre de ese mismo año. En febrero del año pasado se celebró un nuevo encuentro en Barcelona, que no alumbró documento alguno. Desde entonces, los nacionalistas de Galicia, País Vasco y Cataluña se han abstenido de aparecer juntos en las fotografías. Especialmente en vísperas de las elecciones autonñomicas catalanas, lo que provocó críticas desde el propio PNV hacia sus aliados de CiU.

El borrador de programa acordado ayer dista mucho de otros documentos, como el que se utilizó en Barcelona en julio de 1998 y en el que se afirmaba: "El Estado español es al mismo tiempo la institución que nos corresponde como naciones y el espacio político donde conquistar la libertad nacional, mediante la acción conjunta para configurar un Estado plurinacional de tipo confederal". "Las dificultades para un avance en la reestructuración plurinacional de dicho Estado obedece a un pacto de fondo de las fuerzas centralistas que intentan acortar cada vez más los márgenes de actuación y maniobra, sacraclizando el actual marco constitucional y estatutario como intocable", afirmaba el citado documento de trabajo.

Pero todo eso fue sobre el papel. En la práctica, los nacionalistas de CiU se abstuvieron de formar un frente común con gallegos y vascos en asuntos tan concretos como el doblaje de filmes para no irritar a las grandes multinacionales cinematográficas. El episodio más reciente de esa moderación -de la que CiU es abanderada- ha sido el pacto de investidura entre los nacionalistas y el PP para conseguir la elección en primera vuelta de Jordi Pujol. Fue el 16 de noviembre del pasado año, y en él Convergència i Unió se comprometía a no reformar ni la Constitución ni el Estatuto.

Ayer mismo, el presidente del PP de Cataluña, Alberto Fernández Díaz, pidió a CiU que aproveche la influencia que ejerce sobre el PNV "para convencerles de la conveniencia de encontrar en Cataluña el referente de futuro para Euskadi, un camino que beneficiará a todos porque Cataluña ha sido capaz de encontrar un marco constitucional y estatutario incomparable para desarrollar su autogobierno", informa Sílvia Berbís.