¿Gobierno de España o Gobierno del PP?
Una de las cosas que más me sorprendió del ya de por sí sorprendente proceso de elaboración de la Ley de Extranjería fue la intervención final, en el turno de explicación del voto, del portavoz del PP, Luis de Grandes. Quienes se aprestan a celebrar la aprobación de esta ley, dijo, deben saber que no están celebrando la derrota del Gobierno del PP, sino que, al poner en circulación una mala ley, están celebrando una derrota del Gobierno de España. Jamás pensé que un dirigente del PP llegaría a cometer la torpeza de diferenciar entre el Gobierno del PP y el de España. Es lo último que un dirigente de un partido que ocupa el Gobierno de la nación debe hacer.Pero es que, además, ni la persona ni la ocasión eran las apropiadas. Porque si hay una ley en la que el Gobierno ha actuado como Gobierno del PP y no como Gobierno de España ha sido en la Ley de Extranjería. Y si hay alguien individualmente responsable de que así haya sido es el portavoz del grupo popular, que debía haber hecho todo lo posible para evitar que así fuera.
El Gobierno se enfrentó con la Ley de Extranjería desde una perspectiva exclusivamente partidista. Al tratarse de una iniciativa de CiU, permitió que se iniciara su tramitación parlamentaria, aprovechando para darse un aire no sólo de centrismo sino incluso de progresismo, pero con la convicción íntima de que no iba a ser posible que se aprobara antes de que finalizara la legislatura. Una vez acordada la tramitación por la vía de urgencia, tampoco reaccionó porque se iban a celebrar las elecciones catalanas y había que hacer lo posible para que CiU las ganara. Únicamente tras la investidura de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, el Gobierno desataría una frenética actividad para intentar dar la vuelta en el Senado al texto aprobado en el Congreso. El resultado es conocido. ¿Es ése el comportamiento del Gobierno de España o el del Gobierno del PP? ¿Qué cálculo es el que ha estado detrás de su inactividad antes de las elecciones catalanas y de su hiperactividad después? ¿Qué ha hecho el portavoz parlamentario del PP durante ese tiempo?
Éste es el gran problema del Gobierno del PP, por el que no "despega". Únicamente piensa en la dirección del Estado en clave partidista. Privatiza en beneficio propio mediante la colocación al frente de las empresas privatizadas de sus amigos, que a continuación le devuelven el favor mediante la creación de grupos de comunicación al servicio del Gobierno. Ataca desde el Estado a los grupos de comunicación que no se le someten, utilizando el Decreto-Ley, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, las ruedas de prensa del portavoz de La Moncloa y operaciones todavía más turbias. Manifiesta una "parcialidad territorial" escandalosa, dependiendo del partido que gobierne en cada comunidad, como el último incidente entre el presidente de Asturias y el ministro de Fomento ha puesto de manifiesto. Ya no es sólo Andalucía.
Pero, sobre todo, demuestra una parcialidad terrible en el asunto en el que jamás debería hacerlo. En la política antiterrorista. El PP la ha entendido como una palanca para llegar al poder cuando estaba en la oposición y como un instrumento para conservarlo desde que está en el Gobierno. Rompió de facto el Pacto de Ajuria Enea en el verano de 1993 con la exigencia del "cumplimiento íntegro de las penas" (exigencia que, por cierto, parece que va a desaparecer del programa electoral del PP); atacó al Gobierno aprovechando el asesinato de Tomás y Valiente en vísperas de las elecciones de marzo de 1996. Y no ha dejado de hacer electoralismo en ese terreno desde entonces. Con el acto de las Ventas tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Con el anuncio de José María Aznar de que había autorizado contactos con ETA en medio de la campaña para las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 13 de junio. Y con los ataques desaforados al PNV de estos últimos días, con referencias "kosovares" difícilmente justificables en boca de un presidente de Gobierno.
El Gobierno hace electoralismo con los contactos con ETA y con la ruptura de los contactos. Aparcando, como "área de desacuerdo", la política antiterrorista con el PNV durante tres años y activando el conflicto con dicho partido cuando se aproximan las elecciones generales. El 12 de marzo veremos qué opinan los ciudadanos.
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