El Ararteko critica a las administraciones por no dar suficientes medios a sus asistentes sociales

A pesar de que ya han transcurrido veinte años desde que los primeros servicios sociales de base se pusieran en marcha, una importante parte de la población desconoce las funciones de estas unidades. Un informe extraordinario del Defensor del Pueblo desvela la "gran desigualdad" en la atención que ofrecen estos servicios a los ciudadanos según la provincia en que se encuentren y critica a las administraciones por sobrecargar de trabajo burocrático a sus asistentes sociales y no dotarles de los suficientes medios para responder a las necesidades básicas de la población.

En anteriores informes el titular de la institución, Xabier Markiegi, ha estudiado la situación de diferentes colectivos especialmente vulnerables y ha realizado propuestas de mejora de servicios de carácter especializado: para personas mayores, presos, menores desprotegidos o personas enfermas. En todos los trabajos, el Ararteko descubrió el papel clave que juegan los servicios sociales de base, que son el elemento más cercano a la población y el que primero responde a su demanda. Así, el Defensor del Pueblo Vasco decidió estudiar su situación y elaborar un informe, que ayer entregó al presidente del Parlamento, Juan María Atutxa.Estos servicios, que dependen de los ayuntamientos y están integrados por uno o varios asistentes sociales según el tamaño de la población, se encargan directamente de la problemática que les llega o la derivan a una unidad más especializada si es preciso. Por lo general, lo que más tratan este tipo de unidades semanalmente son los casos de ciudadanos que sufren la marginalidad y perciben el salario social (un 30%), ancianos desvalidos (otro 30%), minusvalías (un 12%) y menores que sufren algún tipo de violencia doméstica (un 9%).

Para la realización del trabajo, Markiegi solicitó a los trabajadores sociales dependientes de las administraciones que respondieran a un exhaustivo cuestionario. Un 80% de las unidades -que integran a 230 asistentes- respondió, lo que le ha permitido al Ararteko ofrecer datos y conclusiones "representativas" para el conjunto de la comunidad autónoma, para cada provincia y para los diferentes tipos de municipio en función de su tamaño.

Desigualdad

El informe constata la "escasa clarificación" por parte de las administraciones de las funciones que corresponden a los servicios sociales de base. "La indefinición no facilita el pleno conocimiento de estas unidades por parte de la población", advierte Markiegi, quien también critica que "no se han dado los pasos posibles para extender el conocimiento de los servicios sociales a sectores sociales especialmente vulnerables".

El Defensor del Pueblo Vasco también deplora la gran desigualdad que se aprecia en los niveles de atención ofrecidos a la población por los servicios de base, entre los diferentes territorios. Así, la media de Euskadi es que por cada 7.810 ciudadanos haya un trabajador social, cuando la relación de los países europeos con mejores prestaciones se sitúa en 5.000 habitantes.

Sin embargo, la media vasca varía de manera sustancial según la provincia. Mientras Guipúzcoa se acerca al estándar europeo al disponer de un asistente social por cada 6.000 habitantes, Vizcaya tiene un trabajador por cada 9.790 ciudadanos y Álava por 6.874. "Se trata de diferentes muy significativas", destaca el informe, "que tienen una incidencia directa en el servicio ofrecido: procedimientos más o menos complejos para lograr prestaciones, criterios diferentes respecto a los plazos, contenido y divulgación de los informes sociales, tiempos de respuesta a las necesidades urgentes y niveles de coordinación". Para Markiegi, es preciso lograr una mayor homogeneidad en el servicio que se ofrece para garantizar a todos una serie de mínimos claros.

La sobrecarga de trabajo administrativo que sufren los asistentes sociales y, por consiguiente, la menor dedicación a su auténtico trabajo es otro de los problemas que refleja el estudio. Por ejemplo, los nuevos decretos sobre el Ingreso Mínimo de Inserción obligan a sus perceptores a firmar un convenio con los servicios sociales de base que les atienden en el que se comprometen a buscar trabajo o a seguir ciertos cursos para intentar insertarse. El trabajador social es el que se debe encargar de todo el papeleo. "El reforzamiento de los apoyos administrativos, la informatización de los servicios (sólo el 50% dispone de ordenador), la simplificación de los procedimientos, la mejora de los sistemas de archivo de la documentación y la adecuación de los despachos para garantizar la intimidad de las personas deben servir para superar esta situación", propone el informe.

La escasa colaboración entre los servicios de base de los diferentes ayuntamientos con otras redes de solidaridad existentes en la sociedad, como las ONG, también es motivo de reflexión y crítica para el Ararteko. "Aprovechar la solidaridad existente en la propia sociedad", anima el estudio, "es una necesidad para la mejora de la atención real, y para lograr un mayor rendimiento y un mejor aprovechamiento de todos los recursos comunitarios".