Final parlamentario con derrota

La legislatura se cerró virtualmente ayer -a la espera de que el presidente Aznar firme el decreto de disolución- con un pleno del Congreso de los Diputados que habrá dejado un sabor amargo al Gobierno. Es cierto que sus aliados le aportaron los votos suficientes para sacar adelante los Presupuestos para el año 2000, pero le negaron los que necesitaba para aprobar el nuevo texto de la ley de Extranjería por el que tanto se había afanado a última hora. Coalición Canaria se decantó finalmente por no seguir los pasos del Ejecutivo en una ley tan trascendental como la denominada "de Derechos y Libertades de los Extranjeros". La aprobación de las cuentas del Estado para el próximo año no compensará a Aznar de la imagen de soledad política que ha transmitido el PP en la votación de la última ley de la más larga legislatura.Esa soledad última es la consecuencia de la frivolidad con la que han actuado el Gobierno y su grupo parlamentario -con posturas cointradictorias entre sí- en la tramitación de la ley de Extranjería que debe sustituir a la vigente desde 1985. Incluso sus socios catalanes de CiU, que le prestaron su apoyo en el Senado para introducir sus tardías y numerosas enmiendas al texto previamente consensuado en el Congreso entre todos los grupos políticos -incluidos el Grupo Popular y CiU-, le abandonaron ayer en el pleno definitivo del Congreso. A la hora de la verdad sólo el Grupo Popular -153 votos- apoyó las enmiendas procedentes del Senado frente al resto de la Cámara, que votó en contra. Al no alcanzarse la mayoría absoluta requerida quedó aprobado de manera automática el texto original del Congreso.

Nada más concluir la votación, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Luis de Grandes, se apresuró a atribuir el resultado negativo al afán de la oposición por derrotar al Gobierno, como si esto fuera algo recriminable en una democracia y no el propósito de cualquier grupo opositor en cualquier sistema parlamentario. Mucho más si se trata de la última ley que se vota en una legislatura y en cuya tramitación el Gobierno ha mantenido un curso tan errático. Si a alguien cabe responsabilizar de este fracaso es al propio Ejecutivo y a su grupo parlamentario. Era difícil que pudiera salir con bien del berenjenal en que se introdujo después de haber alcanzado el consenso con todos los grupos políticos y de forzar luego una masiva corrección de la ley en el Senado, arrastrando a sus socios de CiU a volver sobre sus pasos.

Si algún grupo político ha sabido salir airoso de la situacion ha sido Coalición Canaria. Los socios canarios del Gobierno han actuado con coherencia al resistirse a apoyar un conglomerado de enmiendas que modificaba sustancialmente el texto consensuado en el Congreso. No es fácil admitir que un proyecto de ley debatido durante año y medio en ponencia y comisión y refrendado en el Congreso por una mayoría aplastante de 324 votos constituya esa amenaza a la convivencia social que pretende el Gobierno. Ni el Grupo Popular, que lo apoyó entonces, ni CiU que lo inspiró, ni los grupos de la oposición habrían sido tan irresponsables como para darle curso. ¿O va a resultar que sólo el Gobierno, o mejor algunos de sus ministros, actúa con responsabilidad, y además en el último instante, en una materia tan delicada como la inmigración?

El portavoz del Grupo Popular insistió ayer en este discurso alarmista y fácilmente manipulable por los grupos racistas y xenófobos que tienen puesto su punto mira en el inmigrante. Afirmó nada menos que con la nueva ley de Extranjería "se ponen en juego intereses vitales del Estado". No es forma de saludar desde los escaños del Gobierno la ley que, a partir de ahora, regulará los derechos de un colectivo de personas indispensables para el desarrollo de la economía y provechosas para el conjunto de la sociedad.

Más serio resulta afirmar que si el PP gana las elecciones se compromete a cambiar la ley de acuerdo con las enmiendas introducidas en el Senado. Los votantes valorarán en su justa medida la coherencia política y la solidez ideológica de un partido que cambia de posición de la manera drástica en que lo ha hecho el PP sobre la ley de Extranjería en el corto camino que va del Congreso al Senado.

La actitud del PP en este caso, su forma de trabajar en el Parlamento, ha dejado al aire algunas de sus vergüenzas. Por discutibles y enmendables que sean algunos extremos de la ley, las declaraciones de algunos representantes del PP en este viaje delatan que el viaje al centro es poco más que una consigna.