La acusación municipal eleva a 12 años la petición de cárcel para tres directivos de Rontealde por el escape tóxico

La acusación particular que representa al Ayuntamiento de Barakaldo pide más años de cárcel que el fiscal para los tres máximos responsables de la empresa química Rontealde, por el escape tóxico de 1994 tras el cual murió un vecino. Frente a los nueve años de prisión (tres para cada uno de los imputados) que solicita el Ministerio Público, el consistorio pide un total de 12 por un delito ecológico con resultado de homicidio, según confirmaron fuentes municipales.El Ayuntamiento es la primera de las partes personadas que formula su escrito de acusación. Ahora deben pronunciarse el grupo local de HB, la familia del vecino fallecido Jesús Artiagagoitia, la plataforma ecologista Erreka y la defensa de Rontealde.

El consistorio ha formulado la petición de pena más alta prevista en el actual Código Penal, que a diferencia del anterior desgaja en este caso el delito ecológico de la muerte. El medioambiental está penado con entre seis meses y cuatro años de prisión, mientras el homicidio imprudente oscila entre uno y cuatro años.

Los tres acusados (el director de la planta, José Elizalde; el jefe de Producción, Koldo Iturrarte, y el jefe de Mantenimiento, Mariano Ruiz) se beneficiarán del cambio de Código Penal -cuando ocurrió el escape regía el anterior- puesto que el delito ecológico con resultado de muerte establecía en aquél penas de entre 12 y 20 años.

El suceso ocurrió el 21 de octubre de 1994 y hasta tres años después no se dictó el procesamiento, confirmado en 1998 por la Audiencia de Bilbao. La acusación del fiscal confirma que hubo emanaciones de dióxido de azufre 12 veces superiores a los límites legales y la comisión por Rontealde de múltiples irregularidades: la puesta en marcha de la producción se hizo sin tener en cuenta las condiciones climáticas, el sensor no cumplía las prescripciones técnicas y no hubo consulta previa a Medio Ambiente. Se estimó una relación directa entre las emanaciones tóxicas y la muerte del vecino. La fiscalía pide además siete años de inhabilitación para cada uno de los tres directivos y el pago de una indemnización conjunta de ocho millones.