Un prior de Mallorca dice desconocer a votantes del 13-J censados en su convento

El prior del santuario de la Virgen del Lluch, Gaspar Alemany, no conoce a 40 votantes que poco antes de las elecciones del pasado 13 de junio aparecieron inscritos en el censo de Escorca (Mallorca) y domiciliados en su convento. "De las 40 personas que en un documento público han asegurado vivir en este monasterio sólo conozco a dos o tres por cierta relación laboral. Del resto no sé nada. Han faltado a la verdad", asegura el abad.

Escorca, un municipio de 301 habitantes situado al norte de Mallorca, vio aumentado su censo electoral ante el 13-J en algo más de 40 personas con domicilio oficial en la plaza de los Peregrinos, sin número. Esta dirección corresponde al convento de la Virgen del Lluch, patrona de Mallorca.El candidato a la alcaldía por el Partido Socialista de Mallorca, Josep Vicens, denunció el hecho ante la Junta Electoral y requirió la actuación de un notario. Éste interrogó al prior, Gaspar Alemany, que declaró desconocer a estos inesperados compañeros de los frailes. "Ni viven aquí ni sé quienes son", sostiene Alemany.

El religioso asegura que se ha formado una opinión muy clara sobre lo sucedido en el censo electoral con vistas a esos comicios "y los anteriores también", opinión que, por razón de su cargo, se abstiene de manifestar. "Lo que sí digo", indica a este periódico, "es que la plaza de los Peregrinos no da para tanta gente".

El candidato del PP, Antonio Gómez Pérez, ganó las elecciones en Escorca.

El secretario socialista de Política Municipal, Alfonso Perales, comentó ayer que tanto este caso como el de la inscripción de los 74 emigrantes de Santa Fe (Argentina) en el censo de Formentera, "nos hacen pensar que algo tan grave como tratar de manipular la voluntad popular puede ser una práctica habitual en el PP".

El PSOE ha pedido explicaciones al Gobierno. "Es muy grave que prácticamente en el siglo XXI, en un país de Europa occidental, se den estos comportamientos tan chapuceros", dice Perales tras la investigación judicial abierta en Baleares por la inscripción de 74 inmigrantes residentes en Santa Fe (Argentina) en el censo de Formentera. Este hecho ha sido denunciado por el presidente del PP en esta isla, Cándido Valladolid, y el ex secretario general popular en Ibiza y Formentera, Manuel Alonso Fernández Revuelta.

"Pucherazo"

Perales añadió: "Tampoco es la primera vez que el PP practica el pucherazo", en referencia al proceso judicial abierto por una presunta manipulación del voto por correo en Madrid.

La Coordinadora de Organizaciones Progresistas (COP) -coalición integrada por el PSOE, Izquierda Unida y Els Verds- decidió ayer personarse como acusación particular en el proceso judicial iniciado en el Juzgado número 2 de Ibiza por presuntas irregularidades en la inscripción de los santafesinos. El COP entiende que no se ha respetado la ley electoral en dicha inscripción.

Sobre la interpretación de las normas legales, el Ministerio de Exteriores difiere de los partidos políticos denunciantes y del criterio de la fiscalía de Ibiza.

La normativa que regula el voto de los españoles en el extranjero se recoge en la Ley Electoral y en una orden ministerial de abril de 1996. Según esta última, "para los nacidos fuera del territorio nacional [corresponderá] el municipio de la última residencia o el de mayor arraigo de alguno de sus ascendientes, o, en su caso, del propio interesado".

Ninguno de los votantes santafesinos reside en la isla. En su caso, la elección respondería al "mayor arraigo". Este término es interpretado por Exteriores como la "simple expresión de la voluntad" del elector, según la Oficina de Información Diplomática.

Para los partidos denunciantes y el fiscal Antonio Torres, "mayor arraigo" significa, al menos, algún tipo de vinculación demostrable entre el votante y el lugar elegido para votar. Torres cree que "la interpretación de Exteriores no es correcta".

El juez de Ibiza que ha abierto diligencias al entender el fiscal que existen "indicios de traslado artificial de votos" desde Argentina hasta Formentera, será la primera instancia judicial en dirimir la controversia. Hasta entonces la totalidad de los partidos, incluidos ex dirigentes del PP local que acaban de dejar sus filas, lo consideran "políticamente impresentable" y "éticamente reprobable".