Alboroto en las cajas

LA LEY andaluza de Cajas de Ahorro ha levantado fuertes turbulencias en sectores de la Iglesia de Andalucía, molestos por el nuevo reparto de poder que introduce en los consejos de administración de las entidades financieras; ha sido también el territorio donde se ha librado una batalla política soterrada entre el PSOE y el PP.La nueva ley impone un límite de edad para los presidentes de las cajas y establece un nuevo sistema de representación en sus consejos. Tales disposiciones implican necesariamente que Miguel Castillejo, el presidente de Cajasur -una entidad que mantiene condiciones excepcionales en la elección de sus cargos derivadas del concordato Iglesia-Estado-, tenga que abandonar su puesto y que el consejo ya no esté obligado a elegir al presidente de la institución entre seis canónigos.

Los Gobiernos autónomos tienen atribuidas las competencias de regulación y supervisión de las cajas. Naturalmente, dentro de unos límites; son sus responsables, no sus dueños. Así que al Gobierno de Chaves le asiste el derecho de establecer legalmente un régimen de representación común en todas las cajas andaluzas. Respetar el régimen excepcional de Cajasur hubiera sido contrario a la racionalidad de la gestión en estas instituciones. Las acusaciones de politización y de intervencionismo lanzadas contra el Ejecutivo autónomo deben entenderse más como la respuesta airada de personas que no quieren perder privilegios anacrónicos que como una preocupación sincera por la manipulación de las cajas desde los poderes públicos, que, por otra parte, existe.

El proyecto original incluía la creación de una entidad financiera común, o caja de cajas, en la que las actualmente existentes tenían que participar obligatoriamente -esta última, una imposición muy discutible-, con funciones de coordinación en el ámbito autonómico. También aplicaba importantes limitaciones a la prórroga de los mandatos de los presidentes. Ambas disposiciones han desaparecido en el proyecto final y tal circunstancia sólo puede interpretarse como una derrota de Chaves y del PSOE. El sistema financiero andaluz es uno de los más desordenados de España, con márgenes financieros muy elevados; la nueva ley queda lejos de satisfacer los objetivos de racionalización que en esos y otros campos se proponía.