Brasil prepara una ley que prevé la amnistía para los delitos ecológicos

El Gobierno de Brasil, conjuntamente con el Consejo Nacional de Agricultura -el organismo de los propietarios rurales-, ha presentado al Senado un proyecto de ley para la revisión del Código Forestal, que la prensa, organizaciones no gubernamentales y asociaciones ambientalistas han calificado de "crimen ecológico". El proyecto prevé, entre otras cosas, una amnistía general para todos los delitos ecológicos.

Regina Vasques, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una de las organizaciones que se pusieron en pie de guerra al conocer el texto del nuevo proyecto de ley, ha denunciado que para su elaboración no fue consultado ni siquiera el Consejo Nacional de Medio Ambiente, en el que están representadas todas las fuerzas políticas. Para la ecologista, se trata de una maniobra de hechos consumados, por la que se intenta presentar el proyecto a la aprobación del Senado en silencio y con una urgencia inusitada.Según Analuce Freitas, tambien del WWF, la ley "da luz verde para la devastación en la frontera agrícola de Amazonia".

La senadora Marina Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), tras recordar que Brasil ha perdido ya el 93% de bosque atlántico, el 50% de las lindes de los ríos y el 15% de la selva amazónica, ha asegurado que la ley, si fuera aprobada tal como ha sido presentada, "supondría un retroceso de 30 años en la legislación medioambiental del país".

Además del WWF, se han movilizado una serie de ONG internacionales con el fin de que la norma, por lo menos, sea modificada. Todas estas organizaciones consideran una burla que se considere la posibilidad de una amnistía general para quienes han cometido graves crímenes ecológicos deforestando terrenos que son patrimonio universal, ya que se trata de selvas que constituyen el pulmón de la humanidad.

Campaña por Internet

Las ONG han lanzado una campaña en todo el país, sobre todo a través de Internet, para que se movilicen todas las fuerzas progresistas, y en especial para que los diputados y senadores más sensibles a los temas ambientales tomen conciencia de la gravedad del texto que se ha sometido a su aprobación.

Una de las medidas previstas por el proyecto de la nueva ley es que las plantaciones de pino y eucalipto sean consideradas como reserva legal en las propiedades con menos de 25 hectáreas. El texto también autoriza la destrucción de la vegetación nativa en las áreas consideradas de protección permanente, en laderas y márgenes de ríos, consideradas por los ambientalistas de la máxima importancia.

El proyecto de ley debería ser aprobado por el Senado hoy mismo y, de no producirse un aplazamiento, será presentado el próximo día 8 al Parlamento. La senadora Marina Silva se entrevistó ayer con el ministro de Medio Ambiente, José Sarney, quien prometió a los ecologistas mediar para lograr un aplazamiento que permita al menos presentar modificaciones.

Según la revista Veja, una de las primeras en divulgar la noticia, el proyecto podría ser fruto de las presiones del poderoso sector de los propietarios rurales, que se niegan a pagar las deudas que han contraído por delitos ecológicos.