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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Alcaldadas en Vetusta

EL INFORME del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, en los años 1994 y 1995 cuestiona abiertamente la imagen de excelente gestor municipal que el Partido Popular atribuye a este antiguo ingeniero de Minas convertido en líder político local de marcado corte populista.Suena a broma hacer pasar por gestor público modélico a alguien que se salta a la torera los principios legales sobre la contratación de obras, asigna ofertas a adjudicatarios escogidos de antemano y toma decisiones sobre expedientes administrativos sin estar facultado para ello por el pleno de la corporación. Por lo que se deduce del informe del Tribunal no parece que este peculiar modo de gestión municipal, que carece de control interno, prescinde de los trámites legales y conculca los principios básicos de la contratación pública (publicidad, concurrencia y transparencia) fuera excepcional. Al contrario: ninguna parcela de la administración municipal estaba a salvo. A la luz del informe se comprenden mejor algunos de los aspectos más controvertidos de la gestión de este alcalde: gastos suntuarios multimillonarios, facturas cuantiosas en consumo de hostelería, protocolo y regalos, espectacular subida de la presión fiscal, endeudamiento galopante de la hacienda local, construcción de faraónicos complejos sin las licencias preceptivas...Y quizás también cobre sentido la denuncia judicial que ha presentado un constructor contra los directivos de la empresa municipal Gestión del Suelo de Oviedo, S.A. por haberle exigido el pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras.

Es cierto que el Tribunal de Cuentas observa algún propósito de enmienda en la gestión municipal a partir de 1996. Pero llama la atención que un desbordamiento de la legalidad del calibre de la que señala el tribunal fiscalizador se salde con meras recomendaciones de buena conducta y sin mayores exigencias de responsablidad. Tampoco puede admitirse, como pretende el Partido Popular, que el "veredicto de las urnas" baste para limpiar al responsable público de toda sospecha y le blinde ante los intentos de fiscalizar su gestión.

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