La Comunidad indemniza a 74 presos políticos de Franco

Setenta y cuatro ex presos políticos del franquismo recibirán cada uno de ellos entre un millón y millón y medio de pesetas de la Comunidad de Madrid por los años pasados en las cárceles de la dictadura. Todos tenían menos de 65 años en 1990, y por ese motivo se quedaron sin las indemnizaciones concedidas entonces. Sesenta y ocho solicitudes han sido denegadas por no cumplir requisitos.

Hay 14 mujeres entre las 74 personas ahora indemnizadas. Por el monto de las indemnizaciones, las mujeres que más tiempo pasaron privadas de libertad, en torno a los ocho años o más, fueron Rosario Rojo, Leonor Chillarón y Amadora Martínez. Entre los varones indemnizados se encuentran Francisco García Salve, comunista, ex sacerdote, y Nicolás Sartorius, también dirigente del PCE. Ambos fueron juzgados en el denominado Proceso 1.001 contra la dirección clandestina de Comisiones Obreras, en la que los fiscales solicitaron para ellos largas condenas. Figura asimismo el dirigente sindical Julián Ariza, de 65 años, al que sus compañeros denominaban El hombre de los 1.001 procesos por sus constantes comparecencias ante los jueces. Ariza, que pasó entonces cuatro años en prisión, recibió hace dos años la Medalla del Trabajo y pertenece al Consejo Económico y Social. Es el único dirigente histórico aún en activo en la dirección confederal de Comisiones Obreras. Asimismo forman parte de los ahora indemnizados Jorge Diz, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, FRAP, y Tranquilino Sánchez Alvaredo, dirigente sindical de la construcción. Sánchez, también del PCE, fue torturado en numerosas ocasiones por la Brigada Político Social, la policía política de Franco, que le persiguó con saña durante años. Otros dirigentes comunistas ahora indemnizados han sido Víctor Díaz Cardiel, Luis Pérez Lara, concejal durante años en San Sebastián de los Reyes y José Luis Nieto Cicuéndez, senador por Izquierda Unida y parlamentario autonómico hasta hace seis meses por esta formación, desde la que pasó al Grupo Mixto. Entre los excluidos de estas indemnizaciones, por no residir en Madrid según los funcionarios de la Comunidad, figura el ácrata Jaime Pozas, de gran ascendiente en el distrito universitario madrileño a finales de los años sesenta.

Todos ellos sufrieron un mínimo de tres años de privación de libertad en las cárceles franquistas por desplegar actividades contra la dictadura. A partir de este periodo, cada dos años más de estancia en la prisión se ha indemnizado ahora con 100.000 pesetas, hasta un tope máximo de 1,5 millones de pesetas en total. Para acceder a estas ayudas era imprescindible haber permanecido un mínimo de tres años en prisión. Pero la Asamblea de Madrid, a instancias del PSOE, ha aprobado reservar 50 millones del presupuesto del 2000 para extender las indemnizaciones a aquellos antifranquistas que sufrieron al menos un año de prisión y que, por no cumplir el requisito de tres años, han quedado ahora excluidos. La decisión de conceder indemnizaciones a los ex presos madrileños que no pudieron optar a las ayudas estatales de 1990 se adoptó por unanimidad en la Asamblea de Madrid el 4 de junio de 1998, a propuesta de Izquierda Unida. La Comunidad de Madrid, que ha reservado para este fin 100 millones del presupuesto de este año, ha asumido así una recomendación del Defensor del Pueblo, adoptada asimismo por el Gobierno navarro. A la convocatoria se presentaron un total de 174 solicitudes. Una comisión técnica de la Consejería de Presidencia ha estudiado todos los expedientes y ha decidido que sólo 74 cumplen los requisitos exigidos y ha denegado la concesión a otros 68. A una treintena de peticionarios les falta documentación, pero, según asegura el consejero de la Presidencia, Manuel Cobo, podrán presentarla en cualquier momento, ya que la convocatoria no se ha cerrado.