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Editorial:

Viejos e indefensos

EL ENCARCELAMIENTO de la directora de una residencia de ancianos en Aravaca, Madrid, acusada de apropiarse de su dinero y de falsearles documentos, responde seguramente a un caso extremo; pero se inscribe en el marco de la serie de abusos, cada vez más frecuentes, de que son víctimas en España los ancianos que caen en manos de personas sin escrúpulos. En esa residencia, su avispada directora no sólo desplumaba, como se dice vulgarmente, a las personas mayores que estaban a su cuidado, sino que les inducía a entregarle poderes notariales para apoderarse de su patrimonio al fallecer.El asunto está a expensas de lo que el juez determine, pero, como ha señalado el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ello no impide calificarlo de "tremendo". Es tremendo que el legítimo beneficio que puede obtenerse con el cuidado de ancianos termine en el expolio de sus ahorros y bienes, y que tamaño abuso se haga desde la impunidad que proporciona la soledad de unas personas sin familiares o semiabandonados por sus próximos. Y es tremendo que cosas así puedan ocurrir por la insuficiente vigilancia que las administraciones públicas prestan al funcionamiento de las residencias de ancianos privadas. En el caso de la de Aravaca, sólo la intervención del juez ha propiciado que los servicios sociales de la Comunidad de Madrid investiguen la supuesta falta de higiene del centro y la desatención humana y sanitaria de sus 35 residentes.

No es la primera vez, desde luego, que en una residencia de ancianos privada alguien confunde el cobro de un servicio con el robo, y son bastantes las que han puesto al descubierto graves deficiencias de atención e incluso malos tratos. Ello exige de los familiares un mayor seguimiento de sus mayores, sin desentenderse de ellos una vez que se les ha encontrado una residencia que con cierta frecuencia ni siquiera está legalizada. En el caso de Aravaca, sólo los familiares de cuatro de los 35 ancianos residentes han dado señales de vida y se han interesado por lo sucedido. Es evidente, en todo caso, que la dejación de responsabilidad en el ámbito familiar no exonera a las administraciones públicas de estar muy atentas a lo que sucede en el interior de las residencias y centros geriátricos. Suele decirse que el grado de civismo o de crueldad de una sociedad se mide por el trato que dispensa a los niños y a los viejos. En esto último hay síntomas de que más bien retrocedemos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de noviembre de 1999