CiU no tolerará las maniobras de "filibusterismo" del Gobierno para bloquear la Ley de Extranjería

"Que no cuenten con nosotros para cambiar la ley". Así de rotundo se mostró ayer un parlamentario del Grupo Catalán ante la insistencia del PP de enmendar sustancialmente en el Senado el texto de la reforma de la Ley de Extranjería, que ya ha sido consensuado en el Congreso. Fuentes de CiU denunciaron las "insostenibles" presiones del Gobierno al presidente catalán, Jordi Pujol, y las maniobras de "puro filibusterismo" para retrasar el trámite de la ley en la Cámara alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, e impedir su aprobación en esta legislatura. El principal socio del Gobierno criticó además que las divergencias en este asunto hayan puesto en evidencia el "desaguisado interno" del Ejecutivo.

En los últimos 15 días, según fuentes de los nacionalistas catalanes, Pujol ha recibido llamadas del presidente del Gobierno, José María Aznar; de los dos vicepresidentes, Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo Rato; y de los titulares de Exteriores e Interior, Abel Matutes y Jaime Mayor Oreja, respectivamente, en demanda de que los socios del Ejecutivo se avengan a respaldar la reforma de la ley.CiU calificó de "espectáculo" la actuación del PP en el último mes, por la descoordinación y las divergencias que han existido entre los distintos ministerios durante la redacción del texto en la ponencia. Todo ello pese a las reiteradas advertencias realizadas por el portavoz de CiU en la Cámara baja, Josep López de Lerma, a Álvarez Cascos. "Yo no soy conservador ni lo pienso aparentar. Deseo la ley en el BOE", llegó a espetarle esta semana Lerma a Cascos.

La indignación de los nacionalistas era ayer mayúscula. CiU no dispone siquiera de la treintena de enmiendas que el PP quiere introducir en la ley durante su trámite en el Senado, y trabaja con tres documentos de Interior, Exteriores y Economía. Además, segun afirman desde las filas nacionalistas, "el Gobierno y el PP han ido filtrando el contenido de todas las reuniones que hemos mantenido mientras ellos nos pedían absoluta discreción". "Primero que se aclaren, porque Pimentel [ministro de Trabajo] va por su lado, Exteriores por otro y Economía más allá. No pensamos asistir a divergencias del Gobierno, exigimos un posicionamiento claro", añadieron.

El enojo de los diputados de CiU se ha acentuado tras conocer las maniobras de los populares para retrasar el trámite de la ley en el Senado e impedir su aprobación durante esta legislatura, que termina el próximo 31 de diciembre. Esto es posible porque el PP dispone de mayoría absoluta en la Cámara alta y el orden del día lo deciden la presidenta, Esperanza Aguirre, y la junta de portavoces. Además, es prioritaria la discusión del proyecto de los Presupuestos Generales y la Ley de Acompañamiento, que mañana lunes entrarán en el Senado.

Mantener el espíritu de la ley

A pesar de que durante la próxima semana las reuniones entre CiU y PP serán maratonianas, la coalición no está dispuesta a modificar ni un ápice el fondo de la ley, sobre todo en cuanto a su espíritu "social y progresista". Tan sólo consensuarán los aspectos más técnicos, los que se refieren a adecuar la legislación a la cumbre europea de Tampere.Los problemas que existen para sacar adelante la ley se centran, según CiU, en los posibles costes económicos que puede ocasionar en cuanto a prestaciones sociales, en sanidad y educación. "La ley es absolutamente necesaria, porque la actual está desfasada.

Pese a la insistencia del Ejecutivo en que el proyecto ya consensuado va en contra de los acuerdos de Tampere, lo cierto es que otros países de la UE tienen legislaciones bastante más permisivas en materia de inmigración. De hecho, el Gobierno belga ha elaborado un proyecto de ley en el que propone conceder a los extranjeros la nacionalidad en tres años, si la petición la aprueba el Parlamento, o en siete años cuando se tramita por un procedimiento administrativo de silencio positivo.

El borrador que ha paralizado el PP se limitaba a conceder la residencia, no la nacionalidad, en dos años. La nacionalidad otorga a quien la recibe los mismos derechos políticos y económicos que cualquier ciudadano de la UE. En el caso de la residencia, esos derechos son muy limitados y pueden estar sujetos a un periodo determinado. Sobre este mismo punto, Carles Campuzano, ponente de CiU en el borrador de la ley, subrayó que el Gobierno hace una mala interpretación del texto al considerar que se permite a cualquier inmigrante que lleve dos años en España conseguir su permiso de residencia definitivo. Aclara Campuzano que eso no es así, sino que lo que se permite es dar una salida a un inmigrante que durante dos años ha estado empadronado en un lugar determinado y cuenta con medios de vida suficientes. Campuzano, que tachó de "desaguisado interno" el cambio de actitud del Ejecutivo respecto a la nueva legislación sobre la inmigración, hizo hincapié además en que los responsables de Interior conocían con detalle esta propuesta y nunca habían puesto ninguna objeción.

Por parte del Ejecutivo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, afirmó ayer que el Gobierno no bloqueará la Ley de Extranjería y subrayó que ésta debe aprobarse con el consenso de todos los grupos políticos. Pimentel recordó que ha sido el Parlamento el que ha decidido tramitar la ley por vía de urgencia, y ahora le corresponde debatirla y mejorarla con enmiendas si lo considera necesario. Además, quiso quitar hierro a las disensiones surgidas en el seno del Gabinete y afirmó que en el Ejecutivo hay una "voz única" sobre este aspecto y pidió "sosiego y unanimidad" en el debate político.