El Defensor del Pueblo aboga por una norma de "acogida" y no "policial"

El defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, pidió al Gobierno y a los grupos parlamentarios un esfuerzo para eliminar los obstáculos que frenan la aprobación de la Ley de Extranjería, porque de lo contrario quedará como un "problema pendiente" para la próxima legislatura. Además, abogó por que la orientación de la norma sea la de una "ley de acogida" para los inmigrantes "y no una ley policial". En la misma línea, organizaciones de defensa de los inmigrantes, sindicatos y partidos de la oposición salieron ayer en defensa de la nueva Ley de Extranjería y criticaron al Gobierno, y especialmente al Ministerio de Interior, por tratar de reformularla para que, en su opinión, una regulación que pretendía tener un contenido social se convierta en una norma de carácter policial.Así, Cándido Méndez, secretario general del sindicato UGT, cree que los cambios que pretende introducir Interior suponen "un frenazo" y la "regresión a una visión defensiva y policial" de la inmigración en España. Todas las asociaciones instan a que, en todo caso, la norma se apruebe en esta legislatura.

El secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, aseguró que la actitud del Ministerio de Interior en esta polémica evidencia la "concepción intolerante y autoritaria de la que siempre ha hecho gala un sector del Gobierno a la hora de abordar la situación de los inmigrantes". Esto puede estimular, según el dirigente sindical, las posiciones de grupos racistas que siempre han promovido la diferencia entre los derechos de los inmigrantes y los del resto de las personas que viven en España.

Los grupos de la oposición, junto al PNV, también se mostraron muy críticos con el Ejecutivo, al que acusaron de intentar burlarse del Parlamento.

Felipe Alcaraz, portavoz de IU, llegó a deducir que las modificaciones de la norma serán el "precio" que CiU, máximo impulsor de esta iniciativa, tendrá que pagar como contrapartida por el apoyo del PP a la investidura de Jordi Pujol como presidente de Cataluña. Margarita Uría, ponente del PNV en la elaboración de la norma, aseguró que el Gobierno cometerá un "enorme fraude" si impide que la ley se apruebe antes de fin de año.

Amalia Gómez, secretaria de Estado de Asuntos Sociales y una de las máximas impulsoras del proyecto, pidió "tranquilidad" para que los grupos puedan, conjuntamente con el Gobierno, llevar a cabo la reforma desde "la reflexión, el trabajo y el diálogo". Además insistió en que ella está haciendo todo lo posible para buscar "el consenso y la racionalidad".