El Gobierno bloqueará en el Senado la Ley de Extranjería con las enmiendas de Interior

Las duras condiciones que el Gobierno impone a la Ley de Extranjería hacen muy difícil su aprobación en esta legislatura. El ministro portavoz, Josep Piqué, advirtió ayer de que sólo respaldará esta proposición de ley si se reforma profundamente en el Senado y cuenta con el máximo consenso de los grupos. El Ejecutivo pretende enmendar dos aspectos fundamentales de la ley que difícilmente mantendrán el consenso: que la denegación de los visados sea motivada y que los inmigrantes, a los dos años de su presencia en España, adquieran derechos similares a los de los nacionales.

El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, compareció solo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros pese a estar anunciada oficialmente la presencia simultánea del ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, defensor de la Ley de Extranjería. En medio del escepticismo general, Piqué justificó la ausencia de Pimentel en que el Consejo no había estudiado su informe, previsto en el orden del día, sobre la evolución demográfica, lo que habría supuesto su comparecencia.El Ejecutivo trató ayer de salvar la imagen de unanimidad de sus posiciones ante esta ley, pero el propio titular de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, reconoció, en alusión al vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, que "ha habido algún ministro partidario de que se aprobara ahora y otros que éramos partidarios de una ley que tiene que adaptarse a la norma de otros países".

El Gobierno ve muy difícil que pueda aprobarse la ley en esta legislatura porque los cambios que pretende son muy profundos y los plazos parlamentarios muy limitados, ya que las Cámaras se disolverán en enero. No obstante, pretende cubrirse, ante la presión en favor de la ley de su socio parlamentario, CiU, y de numerosas organizaciones sociales, y trata de vender que se esforzará en lograr el consenso con los demás partidos, especialmente con CiU y el PSOE, a través de su grupo parlamentario en el Senado, dijo ayer Piqué.

Condiciones

El portavoz puso como primera condición para que la proposición de ley -impulsada por CiU y que está consensuada por todos los grupos en el Congreso- cuente con el respaldo del Gobierno la de que se reforme profundamente a su paso por el Senado, en el que seguirá la tramitación de urgencia -20 días- tras su aprobación en el Congreso en el pleno del próximo jueves.Piqué reflejó, como criterio general de la reforma en el Senado, que la ley "sea coherente con el entorno europeo, sea entendida por los ciudadanos, no genere sentimientos de inquietud y no alimente actitudes racistas y xenófobas, ahora minoritarias en España", así como que, simultáneamente, "sea un testimonio de solidaridad respecto de los inmigrantes". Admitió, eso sí, que éste es "un equilibrio difícil", que no se ha logrado con la redacción actual, en la ponencia parlamentaria del Congreso.

Fuentes gubernamentales precisaron que la proposición de ley es "una llamada a los inmigrantes" por ser "la que va más lejos de toda la legislación europea" cuando, además, "España debe ser más prudente porque es un país frontera de la Unión Europea".

Las enmiendas que el Gobierno introducirá en el Senado, a través del PP, al texto afectan especialmente a que la denegación de visados sea motivada, lo que abre, en la redacción actual, la posibilidad de que los inmigrantes recurran a los tribunales tales denegaciones. También enmendará el Gobierno la propuesta de que la estancia durante dos años en España suponga para los inmigrantes de forma automática derechos similares a los de los nacionales.

Son éstos dos aspectos esenciales de la proposición que difícilmente salvarán el consenso en su tramitación en el Senado, con la particularidad de que, si no se logra, no podrá aprobarse la ley a su regreso al Congreso porque al ser orgánica necesita la mayoría absoluta de la Cámara.

No obstante, Piqué insistió en que el PP tratará de consensuar la ley con los partidos, especialmente con el PSOE y CiU, aunque también insinuó que si las reformas no satisfacen al Gobierno no se aprobará.

El Ejecutivo argumenta su tardía reacción ante esta proposición de ley, que se estaba estudiando en ponencia en el Congreso desde hace 18 meses, en la conveniencia de adaptarla a las conclusiones de la reciente cumbre europea de Tampere (Finlandia).

El ministro del Interior, Jaime Mayor, indicó el jueves que el Gobierno tuvo su primer informe sobre esta ley en septiembre y que las reacciones críticas de altos cargos de su ministerio no fueron tenidas en cuenta.