El ponente del PP replica a Mayor que la ley no es "insensata"

En la dirección del PP no hallaban ayer una explicación convincente para justificar que el proyecto de Ley de Extranjería se haya frenado en su penúltimo suspiro parlamentario. Sobre todo tras 18 meses de trabajo, 19 densas reuniones de la ponencia, miles de folios de documentación y hasta tres días de encierro en una masía para allanar el consenso. Todas las miradas acusadoras ante la evidente falta de coordinación del PP, su grupo parlamentario y el Gobierno se posan en su ponente, Diego Jordano. El diputado cordobés del PP se defiende con una réplica a las críticas del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja: "Es una norma equilibrada y nada insensata. Las políticas de contención no resuelven nada, como no lo hizo el muro de Berlín".El PP, en cualquier caso, apuesta ya por dejar la nueva redacción para la próxima legislatura. Y así lo constató el coordinador nacional de Organización, Pío García Escudero: "No me parece prioritario pretender aprobar esta ley deprisa y corriendo cuando está a punto de terminar esta legislatura e introduciéndola de manera casi solapada en un pleno de Presupuestos".

El portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, aún abogó ayer, sin embargo, por apurar los contactos con CiU y PSOE para pactar las enmiendas precisas en el Senado y que la ley salga adelante en este mandato. Fuentes del PP de la Cámara alta admitieron que, "aunque teóricamente aún hay margen, en realidad habría que forzar al máximo la tramitación y que los grupos renunciasen a presentar o debatir muchas enmiendas".

Libertad de acción

Jordano defendió ayer el trabajo de los ponentes y aclaró que el Gobierno, ante una proposición de ley promovida por los grupos, no tiene la misma libertad de acción ni de tramitación que en una ley normal, y menos sin mayoría parlamentaria. Es decir, reconoció la presión y la capacidad de modificación de otros partidos y sobre todo de CiU. Jordano rechazó que le haya faltado fluidez y comunicación con su partido y el Gobierno, entre otras razones por su permanente relación con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, y porque el primer borrador de la ley se entregó el pasado julio. Aceptó, eso sí, que Interior puso objeciones desde el primer momento pero que su grupo, como los demás, transigió en beneficio del acuerdo final.Jordano concluyó que la tesis de José María Aznar sobre la relectura de la ley de acuerdo a los principios de Tampere es razonable, pero mantuvo que si las contradicciones que se observen no son muy graves, la ley podría aprobarse antes de las próximas elecciones.