La Comunidad multa el derribo de un edificio protegido con 173 millones

Los vecinos de la calle de Guzmán el Bueno recuerdan aún la hermosa fachada del edificio situado en el número 28. En su lugar se levanta ahora un bloque de ocho plantas con apartamentos de lujo a medio construir. Tanto el derribo del viejo edificio, protegido por las normas urbanísticas, como la construcción del nuevo inmueble se han realizado sin licencia. Por ello, el Gobierno regional impuso ayer a la empresa Regato, SA, la mayor multa conocida hasta ahora por el derribo de un inmueble: 173 millones.

El cruce de la calle de Guzmán el Bueno con Meléndez Valdés se convirtió ayer en un hito en la política de disciplina urbanística en la capital. El Consejo de Gobierno aprobó ayer la mayor sanción conocida hasta ahora por el derribo de un inmueble protegido: 173,6 millones. Según la nota que da cuenta del acuerdo, la empresa Regato,SA, derribó en Guzmán el Bueno, 28, un edificio catalogado y en su lugar inició la construcción de un bloque de ocho plantas, contraviniendo los artículos 72 y 81.1, respectivamente, de la Ley de Medidas de Disciplina Urbanística, de 1984.La sanción ha sido acordada por el Gobierno regional porque supera la cuantía que puede imponer directamente el Ayuntamiento de Madrid (su límite está en 20 millones de pesetas), pero ha sido la Gerencia Municipal de Urbanismo el organismo que ha tramitado todo el expediente sancionador.

Sin licencia

La multa de mayor cuantía de las dos sanciones es de 122.279.300 pesetas, y "se impone por la demolición de un edificio catalogado sin licencia municipal y en contra de las normas de especial protección del Plan General de Ordenación Urbana", según explicó ayer el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, tras concluir la reunión del Ejecutivo.A esa cantidad hay que sumar otra multa de 51,3 millones por la reconstrucción del edificio sin obtener previamente la licencia municipal de obras. Ruiz-Gallardón explicó que en el solar se está construyendo un inmueble de ocho plantas destinado a viviendas, pero el expediente especifica que las sanciones se imponen "sin perjuicio del deber de obtener la licencia requerida y demoler todos aquellos elementos constructivos no autorizados".

Un portavoz de la Gerencia Municipal de Urbanismo explicó ayer que, de hecho, los técnicos municipales habían rebajado el último piso del inmueble, ya que esa planta sobrepasa la edificabilidad permitida.

El expediente fue concluido y remitido por el Ayuntamiento a la Comunidad en septiembre, apenas dos meses después del escándalo desatado por el derribo de La Pagoda, edificio construido por Miguel Fisac para los laboratorios Jorba. Esa actuación sí contó con permiso municipal, ya que La Pagoda no se encontraba protegida ni catalogada. Las protestas de los arquitectos y los vecinos alertaron a los responsables municipales sobre la necesidad de proteger otros edificios singulares para que no corriesen la misma suerte. El caso de Guzmán el Bueno, 28, demuestra que figurar en un catálogo no garantiza la protección.