25 ancianos murieron en un asilo ilegal que el Gobierno valenciano toleró 7 meses

Durante sus 16 meses de funcionamiento, en la residencia Levante de Formentera de Segura (Alicante) murieron 25 de los 35 ancianos ingresados. La Consejería de Bienestar Social de la Generalitat valenciana decidió suspender cautelarmente la actividad del asilo en marzo de este año. Sin embargo, toleró su funcionamiento durante siete meses, hasta el 21 de octubre, pese a carecer de licencia municipal y de permiso de actividad de la Generalitat. La Consejería ignoró estos hechos hasta que a instancias del Ayuntamiento realizó una inspección que concluyó con el cierre del asilo.

La residencia de la tercera edad Levante hizo caso omiso reiteradamente de los expedientes abiertos en su contra y pasó por encima de la falta de licencias de actuación sin que la Generalitat Valenciana se decidiera a cerrarla. Sólo a requerimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Formentera de Segura, tras las denuncias de trabajadoras del centro, el departamento de Bienestar Social, que dirige Carmen Mas, del PP, envió a dos inspectores que, ante la evidencia de las malas condiciones de atención, dictaron la orden de cierre el 21 de octubre pasado debido al "alto riesgo para la salud de los residentes", concediendo un margen de 48 horas para evacuar a los cinco ancianos que quedaban en la residencia. Tres de ellos se encuentran actualmente en residencias públicas -dos tenían una solicitud emitida antes del desalojo- y los otros dos han sido acogidos por familiares.Los contundentes informes emitidos por miembros del servicio de inspección, elaborados el 20 de octubre, no dieron margen a la consejería para seguir con el centro abierto. El documento subraya la ausencia de personal adecuado, concretamente la falta de cuidado "de facultativo alguno, médico o ATS", desde junio, de las cinco personas que en ese momento estaban ingresadas, como recogía ayer el diario Información de Alicante.

El informe describe deficiencias en materia de seguridad por la ausencia de plan de emergencia, extintores, sistemas de detección de fuegos o timbres de alarma en las habitaciones. Tampoco pasa por alto la incorrecta situación del centro, que "está ubicado pésimamente en una zona de huerta, alejado del pueblo en más de un kilómetro", la falta de calefacción o las barreras arquitectónicas. Pero "especialmente grave" es el alto número de muertes registradas. Como recoge el documento, según la versión del marido de la propietaria de la residencia, José María Avilés, de los 35 ancianos ingresados, cinco se han dado de baja por diversos motivos, otros cinco continúan y 25 han fallecido porque "ingresaron en muy mal estado". Ayer, sin embargo, Avilés rectificó y sostuvo que sólo constan 11 expedientes de fallecidos, "todos ellos por causa de muerte natural". También rectificó el número total de ancianos: 36 en vez de 35.

Según el registro de altas y bajas, el último en fallecer fue Ernest Porchet, que murió el 12 de febrero, tres días después de ingresar. La residencia no tenía tarifa fija: los precios oscilaban entre las 90.000 y las 130.000 pesetas mensuales

Las deficiencias del asilo eran conocidas al menos nueve meses antes del cierre. En marzo, Bienestar Social emitió una resolución firme de suspensión cautelar de actividades por "infracción muy grave". La propia dirección general de Servicios Sociales denegó en una resolución fechada el 21 de mayo la autorización administrativa de funcionamiento. Y el centro carecía de licencia municipal. Pero todas estas irregularidades fueron insuficientes para que la consejería abordara el cierre.

La residencia de esta localidad, de unos 2.000 habitantes, no es la única que carece de la autorización de Bienestar Social en Alicante. En una respuesta parlamentaria, Mas reconoció el 25 de octubre la existencia de cuatro más que siguen abiertas ya que "se encuentran en el ámbito de aplicación" de la ley de servicios sociales, aprobada en 1997, que prevé hasta tres años para la "total adecuación de la residencia a la normativa vigente", siempre que no afecten a los requisitos de "seguridad y bienestar de los ciudadanos".

Fuentes del servicio territorial de Bienestar Social en Alicante apuntan hacia las "órdenes de paralización de la actividad inspectora" de la responsable del departamento como la raíz de la falta de control de las residencias privadas en la Comunidad Valenciana. La ley 5/97 de Servicios Sociales de la Generalitat, aprobada por la administración popular durante la legislatura pasada, fijaba una cuota de 16 inspectores en las tres provincias valencianas. Dos años después, existen seis inspectores, los mismos que entonces.