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EL 'CASO TELEFÓNICA'

Aznar admite que el caso de los 'sobresueldos' de Telefónica le ha forzado a tomar medidas

El jefe del Gobierno, José María Aznar, reconoció ayer en el Congreso su "insatisfacción" por la forma en la que están reguladas las opciones sobre acciones en Telefónica, que permite a su presidente, Juan Villalonga, y a cien de sus directivos embolsarse entre 30.000 y 45.000 millones de pesetas, y anunció que ha promovido un endurecimiento fiscal y otras medidas que pondrán en manos de las juntas de accionistas la capacidad de establecer las retribuciones de sus directivos. Esta iniciativa no impidió que el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, le acusara de ser el "benefactor de su amigo Villalonga" y de amparar "trapicheos" de este calado cuando Telefónica está en un proceso de "echar a 10.000 trabajadores a la calle". Aznar replicó, en supuesta alusión a Argentaria, que los Gobiernos socialistas permitieron situaciones similares en 1994 y 1995.

Los aspectos sustanciales de la polémica de los sobresueldos multimillonarios en Telefónica se dirimieron en el Congreso por la mañana, antes de la sesión de control al Gobierno, cuando el PP pactó con IU, CiU, Coalición Canaria y PNV diversas reformas legislativas, incluidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que permitieron luego al jefe del Ejecutivo contestar que ya estaba en marcha una reforma que pondría fin, ahora y para el futuro, a lo que Almunia llamó un "tremendo escándalo"."¿Está usted satisfecho de la regulación de las opciones sobre acciones de las que toda España habla hoy con gran escándalo y que va a hacer multimillonarios al presidente de Telefónica y a otros pocos más?", preguntó Almunia. "Eso se va a conseguir confundiendo la economía de mercado con la del compadreo y el trapicheo, y confundiendo la incentivación retributiva con la voracidad sin límites", continuó el líder del PSOE al tiempo que recordaba la regulación de empleo que sufren los trabajadores de Telefónica.

Los esfuerzos de Almunia por llevar al presidente del Gobierno a opinar sobre "su amigo Villalonga" fueron inútiles porque Aznar obvió toda referencia al presidente de Telefónica. "Usted es su benefactor, y como él no quiere venir a esta Cámara, usted debe dar cuentas en su nombre además de decirnos si está de acuerdo con su comportamiento ético". No hubo respuesta. El presidente del Ejecutivo empleó su intervención en reconocer, sí, la "insatisfacción" que le producía la actual regulación de las acciones sobre opciones, pero sobre todo en anunciar los cambios inmediatos que, en consecuencia, ha promovido y en acusar a Almunia de moverse en aras de su "mentalidad intervencionista y confiscatoria" de las empresas privadas.

También, como haría minutos después Rodrigo Rato, vicepresidente económico, Aznar dejó en el ambiente la acusación de que el PSOE, cuando estaba en el Gobierno, había autorizado estas prácticas que ahora critica. "Ustedes están buscando un escándalo desesperadamente para llegar así a las elecciones y su actitud, señor Almunia, tiene mucho que ver con su confusión entre lo público y lo privado", espetó Aznar.

"Es comprensible que usted quiera controlar empresas y confiscar beneficios para sufragar determinadas políticas", continuó el presidente, para quien a un Gobierno se le pueden pedir muchas cosas pero no que intervenga o suplante la decisión de una junta de accionistas. Aznar sintetizaba así el sentido de las enmiendas que el PP había introducido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y que ya por la mañana habían explicado con detalle su portavoz parlamentario, Luis de Grandes, y el responsable de Presupuestos, Vicente Martínez Pujalte. El Gobierno va a intervenir, anunció Aznar, "obligando a que esas opciones figuren en los estatutos, que tributen al 48% y que, además, sean aprobadas por la junta de accionistas". Su velada acusación a los Gobiernos anteriores se produjo en estos términos: "Es difícil entender su posición cuando en 1994 y 1995 había empresas públicas con representantes de la Administración en sus consejos que aprobaron sistemas de opciones de compra".

Todos iguales

También Rato insistió en esta acusación al responder luego a Luis Martínez Noval, a quien acusó de actuar con "cinismo" toda vez que los Gobiernos socialistas permitían "a personas que se sentaban en el consejo de administración de un banco con mayoría pública a ejercitar opciones de compra". Esta actitud significa para Rato que el PSOE quiere hacer ahora leyes "para sus enemigos". "Por suerte para España", añadió, "ya no hay ni enemigos a los que se persigue por ley ni amigos que van por Filesa; aquí todos los ciudadanos son iguales". En este momento el pateo de los bancos socialistas fue estruendoso, así como las muestras de aprobación a Rato desde los escaños del PP, de modo que el presidente del Congreso, Federico Trillo, tuvo que dirigirse con énfasis a los parlamentarios: "¡Sosiéguense!".La intervención de Rato no impidió que Noval continuara con su guión y pidiera al vicepresidente que "terminara con este descomunal pelotazo" de Villalonga y sus directivos. Las apelaciones del Gobierno a las modificaciones legales en marcha fueron minusvaloradas por el portavoz del PSOE, quien instó a los populares a que acepten su enmienda para que todos los rendimientos derivados de la opción de compra de acciones se integren sin reducción alguna en la base imponible del impuesto sobre la renta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 1999

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