Sin Estado no hay mercado

Ahora resulta que, después de todo lo que nos han dicho -y hemos dicho- sobre la importancia de la política macroeconómica ortodoxa y la necesidad de privatizar y liberalizar, se descubre que muchos de los países que han aplicado estas políticas no se desarrollan. Resulta que, para que la economía de mercado funcione, no basta con aplicar políticas correctas, sino que es necesario contar con instituciones sólidas y no corruptas. Con esta preocupación se ha celebrado una reunión en el FMI con juristas, sociólogos, especialistas en lo público, economistas y funcionarios internacionales. El título de la reunión ha sido Las reformas de segunda generación, como se denomina a las políticas destinadas a fortalecer las instituciones. No deja de ser un signo de cómo está cambiando el denominado "pensamiento único", que la institución internacional más ortodoxa haya organizado este seminario.Antes se proclamaban las virtudes del mercado y ahora se descubre la necesidad del Estado para que la economía funcione. Como da vergüenza reconocerlo, después de tantos años de decir que el Estado no importa, se habla de "instituciones", aunque, cuando se desciende a determinar lo que se puede reformar, se habla del fortalecimiento del Estado: la regulación, la transparencia de la administración general, la eficiencia de la justicia, las reglas y supervisión de los mercados de capitales, la remuneración de los servidores públicos, la financiación de la educación, los mecanismos de cohesión social... Esta idea de la segunda generación de reformas ha nacido para aconsejar a los países menos desarrollados y a los que vienen del comunismo que se preocupen de algo más que de privatizar y liberalizar. Sin embargo, incluso España, que en los últimos 20 años ha avanzado notablemente en construir y afianzar la democracia o la descentralización, que otros no tienen todavía, puede aprovechar la idea para descubrir posibilidades de reformar las instituciones en aras de más participación, transparencia, eficiencia y cohesión social.

Abandonemos lo abstracto y pensemos en algunas reformas. Deberíamos acabar con la forma en que se están elaborando últimamente las leyes -la legislación por sorpresa-, especialmente en una época en la que la tecnología permite mayor participación. En el gobierno de las grandes empresas -insuficiente control por los accionistas, falta de transparencia- está casi todo por hacer. También deberíamos introducir transparencia y supervisión democrática sobre los órganos reguladores. Estos órganos, si quieren, pueden trabajar a favor de la competencia; pero, si les es más cómodo ponerse al servicio de los monopolios, lo pueden hacer sin problemas, porque se impide al Parlamento controlar su actuación. También se debe cambiar la política de reducir la remuneración de los funcionarios más cualificados, pues cada vez es más difícil retener a los más capaces. Las cuentas públicas deberían frenar su camino hacia el dudoso objetivo de ser cada vez más opacas y tardías. Deberíamos suprimir mecanismos fiscales anti-redistributivos, como dar más dinero por cada hijo a los acomodados que a los pobres, pues la cohesión social es fundamental para que las instituciones de mercado no sean vistas como algo que favorece a una minoría.

Estos ejemplos de unos pocos asuntos que han provocado polémicas recientemente, pueden dar una idea de las posibilidades de acometer reformas de segunda generación. Nuestro Estado es mejor que el de muchos países y, por supuesto, que el que nos legó el régimen franquista; pero es mejorable, y el mercado rendirá frutos para todos si mejoramos las instituciones. Pero, tengamos cuidado con los que están siempre dispuestos a extraer consecuencias contra la política económica ortodoxa. Lo que se ha puesto ahora de moda en Washington, no es que las políticas de estabilidad no sirvan, sino que no bastan para conseguir un crecimiento equilibrado, que hay que hacer más cosas. La conclusión es que sin Estado, el mercado no funciona, pero, sin mercado, mucho menos.