Sólo se comunican la mitad de los casos
Las reacciones adversas a fármacos se comunican mediante la llamada tarjeta amarilla al centro de farmacovigilancia de cada una de las 17 comunidades autónomas de España. Estos centros transmiten su información al Servicio Español de Farmacovigilancia (SEFV), ubicado en Majadahonda (Madrid) y perteneciente a la Agencia Española del Medicamento (AEM). El Comité de Seguridad de la AEM es el órgano encargado de tomar decisiones respecto a la retirada de un fármaco, cambio en las condiciones de uso, etcétera. "Aunque la Ley del Medicamento obliga a comunicar las reacciones adversas, de hecho este acto es voluntario y se estima que sólo se informan aproximadamente la mitad de las reacciones que se producen", afirma Alfonso Moreno, catedrático de Farmacología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid.
Según Moreno, para atajar el problema de los efectos indeseables de los medicamentos hay que sentar dos pilares: el médico debe tener una mejor formación farmacológica y tiene que informar debidamente al paciente, "porque el uso racional de los medicamentos va mucho más allá de la reducción del gasto y hemos de tener en cuenta que el coste de los fármacos con cargo al Sistema Nacional de Salud asciende al billón de pesetas al año".
En esta misma idea redundan Alfonso Domínguez-Gil y María José Otero, de la Universidad de Salamanca, que han iniciado las actividades del Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, delegación española del Institutute for Safe Medication Practices (ISMP) de Estados Unidos. Entre los objetivos del ISMP español figura el mantener un Programa de notificación de errores de medicación, adherido al programa internacional de esta entidad, que permita la evaluación conjunta de toda la información aportada por los distintos países. Este programa pretende concienciar a los profesionales sanitarios, organismos sanitarios, industria farmacéutica y los propios pacientes de la trascendencia clínica de los errores de medicación.
