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Tribuna:

La privatización de los archivos de historias clínicas

Estamos asistiendo a un serio intento de privatizar los archivos de historias clínicas de todos los hospitales del Insalud y de algunas otras CCAA (Galicia, País Valenciano, etcétera). El proceso está iniciado hace algunos años, pero en los últimos meses ha tenido una importante aceleración, especialmente en los grandes hospitales de Madrid.La privatización de la gestión de los archivos clínicos de los centros hospitalarios tiene tres vertientes. La primera es que se trata de un paso más en la lenta y progresiva privatización de la sanidad pública, que está realizando el PP, a pesar de la propaganda oficial y de las declaraciones que niegan la evidencia. En este sentido, son totalmente rechazables y siguen la línea de atomización de los centros sanitarios públicos, y de traspaso de la prestación de los servicios sanitarios a las empresas privadas.

La segunda es la importancia que tiene en el funcionamiento de un centro sanitario el archivo de historias clínicas, y como éste no puede ser independiente del propio centro, o se estará siempre abierto a multitud de problemas de coordinación y conexión de las historias, máxime cuando se dice que se pretende, y parece lógico que así fuera, la informatización de toda la documentación para que ésta se encuentre, a tiempo real, a disposición de los profesionales que la precisen.

Una última cuestión, y quizá la más importante, tiene que ver con la confidencialidad de los datos que se encuentran recogidos en las historias clínicas. Estos datos dan una especial sensibilidad, recogen información que no puede ser utilizada más que en los casos y en los supuestos para lo que los usuarios la han dado. Pero es más: la legislación vigente señala que "los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados automatizadamente y cedidos cuando por razones de interés general así lo disponga la ley o el afectado consienta expresamente" (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/1992 sobre regulación de tratamiento de datos de carácter personal". En la misma línea abundan la Ley General de Sanidad (1986), Convenio de Estrasburgo (1985) y la Recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa (1997), por lo que parece claro que es una obligación legal de los centros sanitarios el obtener la autorización de los ciudadanos antes de la entrega de sus historias clínicas a otras entidades.

Pero, además, en este caso se rompe con la relación de confianza que media entre los profesionales de la salud y los ciudadanos a la hora de recabar datos para la historia clínica, y existe el riesgo, nada hipotético, de la utilización de estos datos con intereses ajenos a aquellos con los que fueron facilitados, sobre todo si se considera que la finalidad de las empresas privadas no es otra que el beneficio económico.

Por eso, las administraciones implicadas deben rectificar. Porque los problemas que tienen los centros sanitarios para gestionar las historias clínicas han sido generados por esos mismos centros mediante la sistemática desatención de los archivos de historias clínicas. Sería éste un buen momento de hacerlo y tomarse en serio esta parte tan importante del proceso de atención sanitaria, avanzando además hacia la implantanción de la historia clínica unificada. Si así no se hiciera, debería exigirse que los centros afectados recabaran la autorización expresa de aquellas personas cuyas historias van a ser entregadas a empresas privadas para su manejo. Por parte de la FADSP y de la CAVE se han realizado las gestiones ante el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos para que se adopten las medidas oportunas.

Marciano Sánchez Bayle es médico y presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de noviembre de 1999