Cuatro británicas batallan contra la obligación de ponerse falda
La guerra de las faldas ha estallado en el Reino Unido. Primero fue una colegiala, Claire Hall, de 14 años, que demandó a su escuela por no dejarle llevar pantalones de uniforme. Judy Owen, gerente de la Asociación de Golfistas Profesionales, fue la siguiente víctima. Su jefe le dijo que se pusiera falda, y ella renunció al cargo no sin antes denunciarle por discriminación sexual ante un tribunal laboral. Lynn McKay y Debbie Sheen han sido las últimas en sumarse a la lista de caídos. Son guardas de seguridad de Securitas en el Eurostar, el tren que atraviesa el canal de la Mancha, y prefieren los pantalones para agacharse o perseguir polizones. Despedidas, su caso llegará en breve ante los jueces.Claire Hall sabrá pronto si su obstinación ha servido para algo. La comisión gubernamental que vela por la igualdad de oportunidades apoya su demanda, y la decisión de los tribunales es inminente. Su escuela es mixta y se siente más cómoda llevando pantalones, es decir, el mismo uniforme que los chicos. Sus padres la han apoyado desde el principio, y la curiosidad de la prensa ha hecho que sus compañeras de fatigas hayan recurrido también a los medios de comunicación para hacer valer sus derechos.
Judy Owen reclama algo más que el pantalón. Gracias a su sueldo de siete millones de pesetas anuales en la asociación de golf, su hija de ocho años asistía a un colegio de pago. Ahora ha tenido que dejarlo. Durante el juicio, todavía en marcha, ha descrito, además, a su jefe directo, Gerry Paton, como un tipo rudo que fomentaba un ambiente sexista en la oficina. "Llamaba a las mujeres golfistas lesbianas y marimachos, y me dijo que no lograría cambiar las normas de la casa por la fuerza". Para su sorpresa, otras 12 empleadas del club han acudido a la vista, todas con falda, y defendiendo a sus jefes.
Debbie Sheen y Lynn McKay, que fueron escoltadas por representantes de la propia compañía fuera de la terminal ferroviaria de Waterloo, y privadas de sus pases personales, han puesto su caso en manos de los sindicatos.
