Jueces y fiscales rompen la negociación con el Gobierno y abren un conflicto "sin precedentes"

Los representantes asociativos de jueces y fiscales rompieron ayer la negociación salarial con el Gobierno, tras la reunión con altos cargos del Ministerio de Justicia, en la que éstos negaron un aumento provisional de los sueldos, por encima del 2%, para el año 2000. Los portavoces asociativos elaboraron sobre la marcha un documento, que leyeron después a los periodistas, en el que se acusa a Justicia de "mala fe" por negar una aumento retributivo para el año 2000 e intentar limitar el objeto de la reunión a comunicarles las líneas maestras de una ley futura, imposible de aprobar en esta legislatura.

El intento del secretario de Estado de Justicia de dar a conocer a las asociaciones de jueces y fiscales las líneas maestras de la futura Ley de Retribuciones resultó frustrado. Los representantes asociativos expresaron su negativa "a un acuerdo fantasmal", en palabras de Ricardo Bodas, portavoz de Jueces para la Democracia. Y manifestaron que participarían en su momento en el debate sobre el anteproyecto de ley, pero que la actitud del Ministerio de Justicia rozaba la "mala fe" y dispersaba la realidad.Así se puso de manifiesto en un documento manuscrito por el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Santiago Martínez Vares. Además de reprocharles "mala fe" y promover un "conflicto entre poderes" sin precedentes, se recordaba que el actual Gobierno está en situación terminal respecto a su mandato político y que no existen garantías de que el actual equipo ministerial continúe en la próxima legislatura, por lo que no procede discutir sobre las líneas maestras de la futura Ley de Retribuciones, que no es técnicamente tramitable antes de las próximas elecciones.

"Desprecio" gubernamental

Los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales se quejaron por el "desprecio a otro poder del Estado y a su órgano constitucional de gobierno", que "crea un conflicto entre poderes sin precedentes", tras dos años y medio de negociaciones. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respaldó, tras evaluarla en un 25%, la reclamación de los jueces y magistrados, a la que estatutariamente se vincula la de los fiscales.Los portavoces de las asociaciones de jueces y fiscales comunicaron a los altos cargos del Ministerio de Justicia que trasladarán esta situación de ruptura de negociaciones y de conflicto abierto al colectivo de los jueces y fiscales, así como al CGPJ y al Consejo Fiscal, "para que adopten las medidas que procedan", que no van a ser inmediatas. En principio, los interlocutores asociativos se han autoconvocado para el miércoles próximo y antes de esa fecha no se realizarán ninguna de las concentraciones de las cúpulas judiciales y fiscales de toda España (con excepción del Tribunal Supremo) que estaban previstas.

En la comparecencia ante los periodistas posterior a la reunión con las asociaciones de jueces y fiscales, González Montes admitió la ruptura asociativa de la negociación y reconoció que no había podido comunicar a sus interlocutores las claves del futuro proyecto de Ley de Retribuciones que, según informó, afectará también a secretarios judiciales, oficiales, auxiliares y resto de personal al servicio de la Administración de Justicia. Ricardo Bodas, portavoz de Jueces para la Democracia, recordó que sólo son regulables por ley las retribuciones de los jueces.

González Montes asumió la negativa de los representantes asociativos, pero negó que se haya producido "mala fe", ya que la no inclusión de un incremento retributivo provisional en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 se debe a que existen "otras prioridades", como la creación de nuevas plazas judiciales.

El secretario de Estado de Justicia recordó que los negociadores por parte de jueces y fiscales, sólo representan a las respectivas asociaciones [menos de la mitad del colectivo de jueces y fiscales], pero no al CGPJ, que es el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Recordó que constitucionalmente los jueces no pueden sindicarse ni ejercer el derecho de huelga.

Preguntado sobre si el Ministerio de Justicia tomaría alguna decisión sancionadora en caso de que los jueces realizaran algún paro como medida de presión, González Montes señaló que el Ejecutivo no puede sancionar a los jueces, que es una competencia del CGPJ, mientras que a los fiscales corresponde que les sancione el fiscal general del Estado.