CiU, el PP y la reforma de la Ley de Extranjería XAVIER RIUS-SANT
Pese a que la ponencia constitucional del Congreso aprobó el pasado miércoles 27 de octubre la reforma de la Ley de Extranjería de 1985 que ahora debe aprobar la Comisión y el Pleno del Congreso, persiste la duda razonable de si esa reforma necesaria, con la que todos los grupos dicen estar de acuerdo, llegará a publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Sólo si la ley se tramita en el Senado mediante el procedimiento de urgencia, podrá ser aprobada antes del 28 de diciembre, último pleno antes de la disolución de las Cortes.La coincidencia de la Ley de Extranjería con el fin de la legislatura no se debe a que la propuesta de modificación haya llegado tardíamente al Congreso, sino a la poca voluntad del Partido Popular para que esta iniciativa de reforma llegue a buen puerto. Propuesta que nació de una ponencia específica creada en el Parlamento para estudiar la problemática legal de la inmigración y la emigración, y de tres proposiciones de ley remitidas al Congreso por Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, e Izquierda Unida. Y, evidentemente, el hecho de que en esta temática CiU estuviera en el mismo bando que los grupos de izquierda dejaba al Partido Popular sin los escaños mínimos para rechazar la propuesta.
La ponencia que hace ya más de dos años estudió la situación de los inmigrantes extracomunitarios reconoció que la ley de 1985, pese a las mejoras aportadas por la reforma del reglamento realizada en 1995, no facilitaba la integración de extranjeros extracomunitarios, les privaba de derechos básicos y, sobre todo, les dejaba a menudo en situación de ilegalidad debido a trámites difíciles de cumplir.
Y si bien eso ya se sabía desde hacía tiempo, la mayor sorpresa del informe de la ponencia fue que reconoció que el número de emigrantes españoles residentes en el extranjero -un millón doscientos mil- era el doble que el de extranjeros que viven en España, rompiéndose así el mito sobre los puestos de trabajo que éstos podrían quitar. Además, se daba la paradoja de que los derechos sociales y políticos que la ponencia reclamaba para los españoles residentes en países como Argentina o Suiza se estaban negando a los inmigrantes en España.
Es de justicia reconocer que uno de los diputados que más impulso le dio a la ponencia y a la propuesta de reforma ha sido el convergente Carles Campuzano, quien en ocasiones ha capeado con la paradoja de apretar al Gobierno en cuestiones como la mili, la Ley de Cooperación o las temáticas de extranjería y, a la vez, ser CiU en Madrid y en Cataluña aliado o socio parlamentario del PP.
Y en más de una ocasión, -por ejemplo con motivo de la Ley de Cooperación Internacional- el alineamiento de CiU en el Congreso al lado del PSOE, provocando al PP la pérdida de una votación a las 11 de la mañana, ha tenido como réplica el voto negativo o la abstención del PP en el Parlamento de Cataluña a las cinco de la tarde, hecho que ocasionaba que CiU perdiera una votación.
La reforma de la Ley de Extranjería, pese a ser todavía insuficiente para la mayoría de ONG, otorga derechos educativos a los jóvenes extracomunitarios, amplía la cobertura sanitaria, asistencial y de desempleo, abre la puerta al posible voto en las elecciones locales y abre nuevos cauces a la regularización de trabajadores extranjeros.
Son reformas todas ellas consideradas como necesarias por todos en el Informe de la ponencia parlamentaria sobre Inmigración. El Partido Popular, bien por los vientos poco favorables para mejorar la situación de los inmigrantes presentes en la
