La emergencia nuclear no tiene plan

Hasta que llegó la democracia, los planes de emergencia nuclear eran cosa del Ejército. Ni los ayuntamientos ni las poblaciones situadas en el ámbito de influencia de estas instalaciones disponían de información sobre las medidas a adoptar en caso de que un accidente grave obligara a evacuar a todos los residentes para alejarles del peligro de las radiaciones.Cuando se cumplen 31 años de actividad de la central José Cabrera, en Zorita (Guadalajara), el Gobierno ha congelado la ejecución de los planes de emergencia que permitirían una evacuación completa. Las vías para comunicar una situación de emergencia o las carreteras para trasladar a la población en su totalidad no están concluidas, tal como recogen los Planes Provinciales de Emergencia pactados por el Gobierno con los 66 ayuntamientos que integran la Agrupación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC).

El presidente de esta agrupación, Gabriel A. Ruiz del Olmo, lo ha denunciado en los debates que a puerta cerrada se han celebrado la pasada semana en la Ponencia Especial del Congreso que ha tratado los temas nucleares y los presupuestos del sector para el año próximo. Ruiz del Olmo, alcalde de Almonacid de Zorita por el PP, se lamentó de que el Gobierno haya reducido a una tercera parte el compromiso de inversiones necesarias para cubrir todas las necesidades previstas en los planes de emergencia.

¿Cómo es posible que cuando algunas centrales están a punto de cerrar todavía no estén concluidos los planes de emergencia? Para explicarlo, el gerente de la AMAC, Mariano Vila de Abadal, se remonta a la dictadura y la rebelión que provocó la instalación de dos reactores en el municipio tarraconense de Ascó. "Fueron a situarlos en el único ayuntamiento antinuclear de España, surgido de los primeros comicios municipales democráticos", recuerda.

Carreteras de evacuación

La protesta alcanzó tal dimensión que el Gobierno socialista tuvo que elaborar en 1983 el primer plan de emergencia nuclear para Tarragona (el llamado plan PENTA), que luego se hizo extensivo a todas las zonas con centrales nucleares.

Pero tuvieron que pasar seis años más para que el Ejecutivo diseñara un Plan Básico de Emergencia Nuclear, lo mínimo exigible para unas instalaciones de tanto riesgo. En realidad, este plan no pasaba de ser un texto a partir del cual todas las administraciones tenían que ponerse las pilas con el fin de articular un lista de infraestructuras mínimas que facilitaran los sistemas de aviso y evacuación en torno a cada uno de los siete emplazamientos nucleares.

A comienzos de la década de los noventa, Protección Civil y AMAC se sentaron a negociar para evaluar qué apuntes de la lista se correspondían realmente con las necesidades de evacuación y quién se hacía cargo de su financiación. El ex secretario de Estado de Energía Nemesio Fernández Cuesta participó también en esas negociaciones, que no concluyeron hasta 1997.

De los tres grupos de "necesidades" en que se dividió la lista, Protección Civil se hizo cargo del relativo a las telecomunicaciones, folletos divulgativos y vehículos todoterreno, prácticamente cubierto. El segundo grupo, denominado B, es el más ambicioso, pues en él figura la construcción de nuevas carreteras o la mejora de los accesos, de tal manera que los vehículos de Protección Civil que deban acercarse a comunicar el aviso de emergencia al último vecino de un pueblo tenga el camino expedito. En el tercero y último grupo, el C, se contienen ciertas necesidades específicas de cada municipio. En total sumaban más de 6.000 millones de pesetas a invertir entre los años 1999 y 2001.

Este año se han gastado alrededor de 500 millones de pesetas y para el próximo, en el que se había previsto la inversión más fuerte del plan (casi 3.000 millones), el Gobierno sólo piensa gastar 720 millones, según Vila. A los ayuntamientos englobados en AMAC les ha sublevado conocer este dato. Ya este año han recibido de Enresa menos dinero que en 1998 (2.997 millones frente a los 3.183) en función del menor volumen de combustible usado, que ha pasado a almacenarse en las piscinas de los reactores.

"Estamos bastante estigmatizados para que encima nos regateen estas cantidades", dice Mariano Vila de Abadal. "En Trillo han intentado instalar un balneario, pero, al saber que había una central se han echado atrás. Algo parecido ha ocurrido en Vandellós", insiste, para enfatizar que los municipios con nucleares necesitan incentivos para compensar su escaso atractivo como foco de inversiones turísticas o de otro tipo.

Recurso al Supremo

Fuentes de Protección Civil insinúan que AMAC presiona para obtener más dinero, pero no dejan de reconocer que tienen razón cuando denuncian que los planes provinciales de emergencia nuclear no se han cumplido.

Los 66 municipios de AMAC y otros seis indirectamente afectados por la proximidad de centrales nucleares no han cesado de interponer recursos contra estas instalaciones. Han denunciado las autorizaciones para almacenar residuos radiactivos en las piscinas de las centrales porque creen que la licencia para producir energía no ampara la actividad de almacenamiento de combustible y han pedido al Supremo que revoque la declaración de "interés público y urgente" del almacén en superficie para los residuos en contenedores secos de Trillo, aprobada por el Gobierno este verano pasado.