Corredor de la muerte

EL ESPAÑOL Joaquín José Martínez, de 27 años de edad, se ha convertido en el centro de una importante batalla legal y política contra la sinrazón de la pena de muerte y su creciente aplicación en Estados Unidos. El objetivo primordial de esta batalla es, desde luego, arrancar a este ciudadano español del corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida (EE UU), en el que se apila junto a otros 370 condenados a la pena capital, y darle la posibilidad de un nuevo juicio. En ello tienen puestos sus afanes Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, representantes del Parlamento español y el Colegio de Abogados de Madrid, que no ha dudado en prestar su apoyo técnico-jurídico al empeño de la revisión del proceso.El intento de que se le otorgue al primer español condenado a la pena capital en EE UU la oportunidad de un nuevo juicio, con todas las garantías debidas, coincide con los prolegómenos de la campaña de la Unión Europea para que la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre próximo apruebe una especie de moratoria en la aplicación de la pena de muerte en los países que todavía se resisten a su abolición. Será muy interesante ver cuál es la respuesta de EE UU y si insiste en seguir aferrado a la suprema contradicción que supone ser el país que adoctrina al mundo sobre el respeto de los derechos humanos y seguir recurriendo en su territorio el asesinato legal que es la pena capital.

Si había dudas sobre la naturaleza cruel y bárbara de la muerte a manos del Estado -no, desde luego, por parte de quienes luchan por su abolición-, las espantosas imágenes de ejecutados en la silla eléctrica en el Estado de Florida dadas a conocer en Internet deberían bastar para extirparlas de raíz. Pero lo que más parece haber conmocionado a la sociedad norteamericana de la visión de esas imágenes sangrantes y sufrientes no es el carácter inhumano de la ejecución en sí, sino la tosquedad del método empleado. Un reflejo de esa reacción hipócrita, que al tiempo que cuestiona la brutalidad del procedimiento se muestra insensible ante al daño irreversible de la ejecución, ha sido la decisión del Tribunal Supremo norteamericano de dejar en suspenso las ejecuciones en la silla eléctrica en tanto examina si es "un método cruel" que vulnera la Constitución de EE UU.

Estas imágenes, así como las numerosas solicitudes de revisión de juicios con condenados a muerte que se están dando en EE UU -como la del español Joaquín José Martínez, que se verá el próximo martes, día 2, ante el Tribunal Supremo de Florida-, deberían llevar a los estamentos judiciales y políticos de este país a una seria reflexión no sólo sobre el cáracter "cruel e inutil" de la pena de muerte, como la calificó Juan Pablo II durante su viaje a EE UU en enero pasado, sino sobre la fiabilidad y las garantías de los procesos que comportan la pena capital.

Los ciudadanos norteamericanos, que al tiempo que consideran la pena capital como el mejor valladar frente al delito defienden objetivos tan irracionales y favorecedores de la delincuencia como el acceso generalizado a las armas de fuego, parecen vacunados contra la duda de la arbitrariedad, el error o la injusticia en la aplicación de la pena de muerte por el hecho de poseer una Constitución generosa, un sistema judicial independeinte y una larga tradición de libertades.Pero los hechos desmienten esa confianza ciega. Como vienen denunciando las organizaciones de derechos humanos y confirman informes ad hoc de la ONU, la pena de muerte, más allá de su horror intrínseco, se aplica en EE UU de forma arbitraria y discriminatoria, dada su cada vez mayor fragmentación social y racial: la sufren más los negros y los pobres que los blancos y los privilegiados. Y alcanza incluso a deficientes mentales y a jóvenes que tenían menos de 18 años cuando cometieron el delito y a los que se niega la posibilidad de redimirse. Se comprende el ardor con que Joaquín José Martínez defiende su inocencia y pide la revisión de su juicio: cada uno de siete condenados a muerte en EE UU que consigue esa revisión resulta finalmente inocente.