Varias comunidades preparan subidas para sus funcionarios por encima de la del Estado

El acuerdo salarial firmado el lunes por la Junta de Andalucía con sus funcionarios públicos, que contempla una mejora de casi un punto porcentual respecto a la subida que percibirán los funcionarios de la Administración central, va a ser imitado también por los Gobiernos del País Vasco, Aragón y Murcia (gobernada por el PP). Los tres Ejecutivos autónomos utilizarán para ello el mismo mecanismo de los fondos adicionales empleado por la Junta andaluza, y que previamente ya recogió, aunque en menor porcentaje, el propio Gobierno del PP en su acuerdo sobre las retribuciones de la Administración central.

La Junta de Andalucía, que preside el socialista Manuel Chaves, ha negociado con los sindicatos la nueva retribución salarial de los funcionarios de esta comunidad tomando como modelo el mecanismo acordado por el Gobierno del PP para los sueldos de los 600.000 empleados de la Administración central. Sobre el papel figura que 40.000 funcionarios andaluces experimentarán en el año 2000 un incremento global del 2%, lo mismo que la previsión de inflación. Pero a ello se suma un fondo para retribuciones del personal "con el objetivo de la mejora en la modernización y calidad en la prestación de los servicios públicos que representa un incremento del 1,6%". Para los colectivos con los sueldos más bajos se acuerda un incremento adicional de tres décimas. Esto supone que los aumentos en la comunidad andaluza van a oscilar entre el 3,6% y el 3,9%, en el caso de las categorías con menor retribución, frente al 2,7% de la Administración central. El coste supone 2.700 millones de pesetas.Mecanismo de subida

Los mecanismos utilizados en el acuerdo de la Junta de Andalucía para sus funcionarios y en el que firmó el Gobierno central son idénticos, pero los aumentos que recogen no lo son. El equipo del socialista Manuel Chaves ha desafiado en esta ocasión al Ejecutivo del PP utilizando sus mismas armas, y ha recurrido al fondo adicional para dar a sus funcionarios una subida superior en casi un punto.

El fondo para la mejora de la prestación de los servicios públicos es la fórmula que había utilizado previamente el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, en el acuerdo que cerró en septiembre con los sindicatos CCOO y CSIF (y con la oposición frontal de UGT, que llegó a acusar a Comisiones de entreguismo) sobre las retribuciones aplicables para los 600.000 funcionarios de la Administración central. Ese pacto recoge que habrá una subida general del 2%, que es la que figura en los Presupuestos Generales del Estado del año 2000. Junto a ese aumento se acordó un fondo adicional de 10.000 millones de pesetas, ampliable en otros 3.000 millones, que se distribuirán en incentivos por mejora de la productividad y de los servicios públicos.

Esos 13.000 millones de pesetas suponen en torno al 0,7% de la masa salarial de ese grupo de funcionarios, y en el caso de que el reparto fuese igual para todos, el 0,7% sería también la mejora adicional que se produciría en sus sueldos. En ese supuesto los sueldos en la Administración central experimentarían un incremento del 2,7%, frente al 3,6%-3,9% que aplicará la Junta andaluza.

Los criterios para la aplicación de esas mejoras en la Administración central los deben discutir ahora los responsables del ministerio y de los sindicatos firmantes, y el debate empezará previsiblemente a finales de esta semana. Para la distribución de esos fondos se perseguirá "apoyar la mejora de la prestación de servicios públicos, dotar de una mayor eficacia a la gestión de la Administración y conseguir un incremento en la calidad del empleo público".

Efecto dominó

Este modelo puede provocar un efecto dominó en el conjunto de comunidades autónomas y ayuntamientos. De hecho ya ha sido también aplicado en el País Vasco, donde la propuesta presentada ayer por el Ejecutivo a las centrales sindicales sitúa el crecimiento salarial global para los trabajadores de la función pública vasca en torno a un 3,2%, al sumarse al 2% teórico para todos los empleados públicos un fondo adicional de 2.199 millones de pesetas para retribuir determinados conceptos. Otro fondo de 1.627 millones se destina a hacer frente a los compromisos ya adquiridos con el personal de Sanidad, Justicia y Ertzaintza. La vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia firmó ayer un pacto con los sindicatos CCOO y LAB, que no cuenta con el apoyo de ELA y UGT.

La Diputación General de Aragón también discute una mejora adicional para sus funcionarios del 5% a distribuir en cuatro años, y que para el 2000 supondrá sumar un 2% de subida al 2% recogido en los Presupuestos Generales del Estado, según datos facilitados por el sindicato UGT.

En este caso, al igual que en el del Gobierno de Murcia, se recurre a aumentos aplicados a través del denominado "complemento específico" y "complemento de destino". En la comunidad de Murcia se negocian subidas en torno a 20.000 pesetas anuales en función de las distintas categorías profesionales.