Europa, contra la pena de muerte

La Unión Europea (UE) presentará a la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo diciembre una propuesta conjunta para suspender la aplicación de la pena de muerte en todos los países que la mantienen. Una iniciativa similar salió derrotada hace ahora cinco años por sólo ocho votos. Pero durante este tiempo ha aumentado el número de abolicionistas y, sobre todo, éstos han ganado la batalla previa en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.La campaña fue lanzada en el ámbito oficial por la presidencia alemana de los Quince, recogiendo una iniciativa italiana. Ahora, su sucesora, la finlandesa, demuestra el mismo empeño. En el campo de la movilización ciudadana, la iniciativa corrió a cargo de la ONG Manos Fuera de Caín (MFC), ligada al Partido Radical de Emma Bonino. Este doble frente cosechó un importante éxito en Ginebra, aunque se opusieron el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, y el más poblado, China, así como Japón. Pese a la tradicional opción norteamericana a favor de la pena capital, la embajadora Nancy Rubin reconoció por vez primera que el abolicionismo gana terreno incluso en su propio país. El abolicionismo "es un pilar básico de la civilización europea", sostiene el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi.

La resolución de Ginebra -votada el 28 de abril por 30 países, con 11 votos en contra y 12 abstenciones- expresa la "convicción de la abolición de la pena de muerte, lo que contribuye al enaltecimiento de la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos". Invita a los países que mantienen la pena capital a aplazar su aplicación mediante una "moratoria de las ejecuciones, con la perspectiva de la completa abolición", y exhorta a los Gobiernos que reciban peticiones de extradición sobre reos a los que el país reclamante pretende ejecutar a que no la concedan salvo que obtengan garantías de que se mantendrán sus vidas.

Como programa mínimo, el texto reclama que las penas sean dictadas por tribunales independientes, que no se apliquen a menores de 18 años ni a mujeres embarazadas o a ciudadanos con problemas mentales".

La posibilidad de que una resolución similar se imponga el próximo mes de diciembre en Nueva York cuenta con varias bazas. La primera es que la pena capital ya no está de moda: ha sido excluida de la parrilla de sanciones aplicables por los tribunales específicos contra los crímenes de guerra en Ruanda y en la ex Yugoslavia. También el estatuto del Tribunal Penal Internacional aprobado en Roma en 1998 la excluye.

Pero lo fundamental es la evolución de la actitud de los países afiliados a la ONU. Actualmente, 115 de los 187 Estados miembros sostienen posiciones abolicionistas de iure o al menos de facto, mientras únicamente 40 de los 72 países que mantienen la pena capital la aplican en la práctica, según el último informe de MFC.

Estos datos generan optimismo entre las filas de los militantes abolicionistas, que calculan que la Asamblea General podría registrar el apoyo de unos noventa Gobiernos a la idea de la moratoria contra 60 contrarios y 30 abstenciones.

Pero "no podemos arriesgarnos", advierte Bonino, personalmente implicada en la movilización, "hemos de lograr que los Quince hagan presión a través de las redes de países amigos".

Mientras tanto, en Estados Unidos, uno de los países que mantienen la pena de muerte en varios de sus Estados, un ciudadano español, Joaquín José Martínez, permanece en el corredor de la muerte de la prisión de Starke (norte de Florida) tras la sentencia que el 27 de mayo de 1997 le condenó a morir en la silla eléctrica acusado de un doble asesinato cometido cerca de Tampa el 27 de octubre de 1995. El próximo día 2 de noviembre, el Tribunal Supremo del Estado de Florida, en Talahasee, será el escenario de la vista oral en la que se presentarán los argumentos finales de la apelación de la sentencia solicitando un nuevo juicio. En la apelación se incluye un escrito del Colegio de Abogados de Madrid en el que se dice que, "después de revisar las irregularidades que surgieron durante el juicio, decidimos, por primera vez en nuestra historia, que vamos a intervenir como amicus curia presentando esta apelación ante la Corte Suprema de Florida".