Los partidos no logran un acuerdo sobre la fórmula para igualar los servicios sociales en las tres provincias

Los partidos coinciden en que la cantidad y calidad de los servicios sociales que se ofrecen en las tres provincias vascas es muy diferente, pero no son capaces de ponerse de acuerdo sobre la fórmula adecuada para subsanar este desequilibrio. El debate llegó ayer al pleno del Parlamento a través de una proposición no de ley del PSE que pedía al Gobierno la creación de un fondo económico que permitiese igualar los servicios sociales. El pleno rechazó la iniciativa con los votos de los partidos nacionalistas y del PP. IU apoyó la propuesta y Unidad Alavesa se abstuvo.

Los recursos que cada provincia dedica a cuidar que el envejecimiento de la población sea lo mejor posible (por medio de la ayuda a domicilio, centros de día o plazas residenciales), a las minusvalías o la protección social de los más desfavorecidos reflejan una realidad muy dispar. La última encuesta realizada por el Gobierno sobre el gasto social público en Euskadi, que data de 1996, arrojó que las instituciones públicas dedicaron 57.125 millones de pesetas a este capítulo. El análisis por provincias revela importantes diferentes interterritoriales: el gasto medio por habitante en Álava fue de 42.590 pesetas, en Guipúzcoa de 25.619 y en Vizcaya de 24.417 pesetas.Estos desequilibrios se agudizan a nivel comarcal. Entre la comarca con mayor gasto en servicios sociales por habitante, la Rioja Alavesa, con 51.091 pesetas, y la de menor gasto, Plentzia-Mungia, con sólo 19.027 pesetas, y el Duranguesado, con 19.620, las diferencias son casi del triple.

La autora de la propuesta rechazada, la socialista Gemma Zabaleta, defendió en el pleno la necesidad del fondo para paliar situaciones como la de la Diputación de Vizcaya que además de ser la que menos presupuesto dedica en proporción al sostenimiento de los servicios sociales, es la que menos recursos traslada a los ayuntamientos para que éstos puedan atender las necesidades de sus vecinos. Zabaleta recordó que hay "dinero suficiente" para dotar al fondo ya que la "recaudación de las haciendas forales en 1999 ha ido mejor de lo previsto". También apuntó que la Ley de Territorios Históricos (LTH), la norma que vertebra Euskadi y adjudica las competencias a diputaciones, gobierno y ayuntamiento, permite en su artículo 24 la creación de mecanismos de este tipo.

Mientras, la portavoz del PNV en el debate, Gema González de Txabarri, alegó que las diferencias que existen son legítimas porque la Ley de Servicios Sociales (aprobada en 1996) garantiza los servicios mínimos y universales y a partir de ahí es cada ayuntamiento el que decide cómo invertir su dinero. "Algunos municipios eligen poner rotondas para mejorar el tráfico y otros prefieren construir residencias para la tercera edad", indicó.

Según la representante peneuvista, crear un fondo como el solicitado por el PSE no se ajusta a la "filosofía" imperante en Euskadi porque "el sistema vasco no es uniformizador, da por buenas las diferencias. "Como mucho", enfatizó González de Txabarri, "se puede debatir sobre qué servicios sociales básicos tienen que tener todos los ayuntamientos. Luego hay que respetar la autonomía municipal y si un ayuntamiento quiere dedicar su dinero a cultura, a bodegas o a centros de jubilados, es su competencia".

El Partido Popular también votó en contra de la proposición del PSE y planteó su propia propuesta: las diputaciones y los ayuntamientos son quienes tienen que adoptar las medidas necesarias para paliar los desequilibrios en la prestación de servicios, sin necesidad de que sea el Gobierno vasco el que intervenga.

La parlamentaria del PP Carmen López de Ocariz reconoció que los desequilibrios son palpables, pero que el fondo no es el instrumento adecuado para arreglarlos. "Existe un Consejo Vasco de Bienestar Social, donde tienen representación todas las instancias, que puede elaborar propuestas que serán ejecutadas por las diputaciones y ayuntamientos".

La representante de Eusko Alkartasuna, Nekane Alzelai, recalcó que no se trata de discutir sobre qué provincia o qué ayuntamiento pone más dinero, sino de establecer un plan de prioridades de los servicios sociales y concretar su financiación. "El desequilibrio lo sufren los ayuntamientos, que a menudo tienen que desarrollar competencias sin contar con los recursos económicos suficientes", lamentó.

El portavoz de Unidad Alavesa, Pablo Mosquera, abogó por involucrar a las empresas privadas en el campo de los servicios sociales atrayéndoles con incentivos fiscales y lanzó la idea de establecer programas de inversión para cometidos concretos.