36 de los 39 ingenieros de la Dirección de Obras Hidráulicas se rebelan contra Tocino

La gestión de las infraestructuras del agua en España padece graves carencias de organización, tanto material como humana, hasta tal punto que los funcionarios encargados de esa tarea se sienten incapaces de cumplir con la legalidad. En una carta remitida el pasado viernes a la ministra de Medio Ambiente por 36 de los 39 ingenieros de Caminos, Canales y Puertos adscritos a la Dirección General de Obras Hidráulicas denuncian que los sucesivos cambios en el ministerio impiden contratar, ejecutar y controlar las obras hidráulicas de interés general con las debidas garantías.

Desde la creación de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, hace tres años, la administración hidráulica atraviesa "un ininterrumpido proceso de deterioro", dice la carta, de la que ayer se envió copia al subsecretario del ministerio, Claro José Fernández-Carnicero; al secretario de Estado, Benigno Blanco, y al director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, Carlos Manuel Escartín."La contratación, ejecución y control de las obras hidráulicas de interés general [presas, depuradoras, desaladoras y canalizaciones por cuenta del Estado] no pueden realizarse con las debidas garantías de seguridad, transparencia y equidad para la sociedad sin la intervención en todas estas tareas de personal funcionario cualificado", denuncian los técnicos hidráulicos.

Este colectivo señala que llevan tres años de reuniones con la cúpula del ministerio para alcanzar unos compromisos mínimos de dotación de personal que no se han cumplido. Por el contrario, "se delegan las funciones de supervisión de proyectos y control de obras promovidas por las sociedades estatales de Agua a los directores técnicos de estos organismos, unas responsabilidades en conflicto con sus cargos de consejeros en estas sociedades", advierte la denuncia. Al estar estas sociedades presididas a su vez por los presidentes de las confederaciones hidrográficas, "éstos serían a su vez promotores y supervisores de las obras que promueven, lo cual es a todas luces un auténtico despropósito que puede originar efectos negativos".

El colectivo detecta una "evidente reducción" de la estructura funcionarial, "minimizando el papel que dentro de la misma desempeñamos los ingenieros de Caminos funcionarios, tratando de evitar controles cuyo objetivo es garantizar una gestión transparente y eficaz".

La fulminante supresión del Área de Inspección de Presas decidida en julio pasado apoya esa tesis. Un miembro de la comisión creada por el colectivo señala que se ha eliminado un área incómoda por sus informes sobre la seguridad de los proyectos de presas. "Aunque los informes no son vinculantes, figuran en los expedientes y pueden ser usados por voces críticas que obligan a modificar o retrasar los proyectos. En otros casos, cuando nos han llamado a comparacer ante la justicia, nuestros argumentos no siempre coinciden con los de las defensas de los altos cargos que han sido encausados", indica.