Campaña internacional en defensa de 77 periodistas encarcelados

Por iniciativa de la organización Reporteros sin Fronteras, más de 80 periódicos, radios y televisiones de Europa realizaron ayer llamamientos a favor de 77 periodistas que se encuentran encarcelados por motivos que tienen que ver con su profesión en Birmania, China, Cuba, Etiopía, Irán, República Democrática del Congo, Ruanda, Siria y Vietnám. El apadrinamiento de los mismos por parte de medios que actúan en países libres, así como la solicitud de peticiones electrónicas de libertad (www.rsf.fr) son algunos de los elementos de esta campaña.La periodista birmana San San Nweh, condenada a diez años de cárcel por haber difundido "informaciones perjudiciales para el Estado", se encuentra en la prisión Insein de Rangún tras su detención en agosto de 1994. En España está tutelada por Rosa Montero, en nombre de EL PAÍS, y por Iñaki Gabilondo, de la SER.

Otros medios españoles se han sumado igualmente a la campaña. Así, el director adjunto de El Periódico, José Antonio Sorolla, apadrina junto a la revista Tiempo al sirio Nizar Nayyouf, redactor jefe de La Voz de la Democracia, publicación mensual del Comité de Defensa de las Libertades Democráticas en Siria, al que las autoridades de su país atribuyen connotaciones "terroristas". Fue detenido en enero de 1992 y se encuentra condenado a diez años de trabajos forzados en una prisión militar de Damasco, tras entregarse a cambio de la liberación de su mujer y su hija. Los cubanos Bernardo Arévalo Padrón, apadrinado por el grupo Correo, y Jesús Joel Díaz, por El Mundo; o el chino Samdrup Tsering, por Abc, forman parte del grupo de encarcelados por los que se interesan medios españoles.

Con campañas como ésta, que se efectúan desde hace diez años, se trata de que el olvido no sea una segunda prisión. En los últimos años han sido liberados periodistas que figuraban en las listas de dicha entidad, como el cubano Lorenzo Páez Núñez o la nigeriana Cristina Anyanwu.

Reporteros sin Fronteras, una organización especializada en la investigación y verificación de los atentados a la libertad de información, tiene su sede en París y secciones en España, Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica y Suecia, además de socios en otros veinte países. Se financia con aportaciones de la Unión Europea y la Unesco, y donaciones de empresas, particulares y otros organismos.