El golpe de Estado es recibido sin alarma por la población y los partidos políticos
La proclamación del estado de emergencia se produjo de madrugada, mientras Pakistán dormía. La precaución parecía innecesaria, a tenor de la ausencia de reacción popular desde que el martes se produjera el golpe de Estado. Apenas unas decenas de simpatizantes del primer ministro depuesto, Nawaz Sharif, se manifestaron ayer en Lahore (su feudo) y Karachi. La aceptación de los hechos, incluso por los partidos políticos, es fruto, en gran medida, de las simpatías que despertaba la campaña de apoyo a los rebeldes musulmanes de Cachemira, que Sharif canceló este verano por presiones de EEUU.
No ha habido contestación. Las pequeñas manifestaciones de apoyo a Sharif en Lahore y Karachi se saldaron con una docena de detenidos. Una minucia en un país con 140 millones de habitantes. Todo indicaba ayer, incluso horas antes de la proclamación del estado de emergencia, que los militares dominaban sin contratiempos la situación.Ni siquiera los partidos políticos han levantado demasiado la voz. Difícil de hacerlo frente a un estamento militar habituado a tutelar un poder civil a menudo cargado de acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Pero es que además la justificación última de la acción del general Pervez Musharraf cuenta con las simpatías populares.
Cuando el verano pasado, a su regreso de un polémico viaje a Estados Unidos, Sharif ordenó la retirada de las tropas paquistaníes del frente de Cachemira, su decisión no fue bien recibida por el Ejército ni comprendida por sus compatriotas. Esa región, que ya ha provocado tres guerras indopaquistaníes (1947, 1965 y 1971), es desde el nacimiento de Pakistán la espina clavada en su corazón. De población mayoritariamente musulmana, el entonces principado de Jammu y Cachemira, debiera en buena lógica haber pasado a formar parte de un Pakistán concebido como refugio para los musulmanes de una India que también en ese momento alcanzaba su independencia del Reino Unido. Sin embargo, imponderables históricos inclinaron a los gobernantes locales a solicitar el respaldo de Nueva Delhi, lo que abrió el camino a las luchas posteriores.
Hoy, a pesar de una línea de alto el fuego internacionalmente reconocida, el agravio y el resentimiento siguen latentes. Prueba de ello son los numerosos incidentes que se producen de forma periódica en esa región montañosa.
La única esperanza para quienes sin apoyar a la figura del primer ministro depuesto deseaban distanciarse de una salida que rompe todas las reglas democráticas estaba en confiar en un pronto retorno a la normalidad y la entrega casi inmediata del poder a un Gobierno civil.
Una esperanza que se acarició durante todo el día de ayer y que alimentaron los propios militares con su silencio. El general Rashid Qureshi incluso llegó a decir: "Sí, la democracia está intacta". Respondía a una pregunta de la agencia de noticias paquistaní APP sobre el estado de la democracia en el país tras la asonada. El general contestó con un "no" a la pregunta de si el golpe estaba preparado. "Hasta el Ejército se sorprendió", señaló, con palabras que contradicen la certeza de los analistas de que la rápida reacción militar era algo que ya había sido previsto en todos sus detalles logísticos a la vista de cómo evolucionaban las relaciones de Musharraf con Sharif y la contrastada disposición del primer ministro a ahogar por la vía rápida todo conato de disidencia.
Fuentes diplomáticas revelaron que en una reunión celebrada ayer en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Islamabad con embajadores occidentales se aseguró que los militares no tenían intención de proclamar la ley marcial, aunque las medidas adoptadas esta madrugada se aproximan mucho.
Benazir Bhutto, la ex primera ministra a la que Sharif aplastó en las urnas en las elecciones de 1997 como respuesta popular a graves acusaciones de corrupción, intentaba ayer aprovechar la situación. Bhutto se declaró dispuesta a proporcionar a los militares su experiencia de primera ministra para "establecer un régimen democrático" en Pakistán. La líder del Partido Popular paquistaní vive en Londres perseguida por la justicia de su país, que le pide cuentas por la malversación de miles de millones de dólares y el subsiguiente incremento de su patrimonio familiar. La gran rival y enemiga de Sharif dice que tiene intención de volver a su país "en un plazo de diez días", siempre y cuando el Ejército "ponga fin a la persecución judicial" de la que dice ser objeto.
Bhutto manifestó en un primer momento que la salida de los militares de los cuarteles significaba que el país estaba al borde de la guerra civil, y luego, ante la tranquilidad callejera, elogió al general Musharraf, de quien subrayó que ocupó un cargo de responsabilidad militar cuando ella dirigía el Gobierno.
