El Gobierno modificará en casi un billón el Presupuesto aprobado en las Cortes para 1999

Los Presupuestos de 1999 contarán con 985.000 millones de pesetas más para gastar, tras las modificaciones que el Gobierno introducirá respecto de lo aprobado por las Cortes. La mayor parte se destinará al canje de deuda y al pago de las indemnizaciones de la colza y a las víctimas del terrorismo. Los ingresos, por su parte, superarán lo previsto en algo más de un billón de pesetas, que se emplearán sobre todo en elevar gastos. Respecto de los Presupuestos del 2000, el PSOE e IU pusieron ayer en duda que los pagos por intereses de la deuda se puedan reducir un 7,7%.

Esos 985.000 millones representan el 5,2% sobre el Presupuesto inicial, algo superior al 5% de 1998 y al 4,4% de 1997. El secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, calificó de "normal" este nivel de modificaciones durante su comparecencia en el Congreso, donde ayer empezó el desfile de altos cargos de la Administración para el debate de los Presupuestos del 2000. De esa cantidad, la mayor parte se destina a la amortización anticipada de deuda pública al 9% y su canje por títulos al 3% o 3,5%. El volumen de deuda que se sustituye alcanza el billón de pesetas, con un coste de 251.300 millones. Folgado defendió la operación en aras a la "sostenibilidad" de los Presupuestos futuros y cifró el ahorro en 600.000 millones hasta el 2006.

La otra partida voluminosa la constituyen las indemnizaciones por la colza y a las víctimas del terrorismo. En total, las modificaciones en el capítulo de transferencias corrientes ascenderán a 210.700 millones de pesetas, que incluyen, además, las liquidaciones a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y mayores pagos al presupuesto de la Unión Europea.

Tras estas modificaciones, el Gobierno espera que el presupuesto de gastos de 1999 se desvíe al alza en 450.000 millones de pesetas (no se gastan todos los créditos iniciales más las modificaciones) y que los ingresos superen en un billón de pesetas a lo presupuestado. De esta cantidad, 426.000 millones se emplearán en reducir el déficit, y el resto, en incrementar el gasto.

El compromiso del Gobierno fue, sin embargo, emplear todo el exceso de ingresos en la reducción del déficit. Pese a ello, el exceso de ingresos permitirá que el saldo negativo se sitúe en 995.000 millones de pesetas, frente a los 1,421 billones previstos, según las estimaciones oficiales.

En cuanto a los Presupuestos del 2000, el portavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos, Ángel Martínez Sanjuán, puso ayer en duda que se pueda cumplir la previsión de inflación (2%) y la reducción del 7,7% en los pagos por intereses de la deuda. El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, resaltó que el problema de la inflación es el diferencial de la UE, criticó que el empleo crezca menos que la economía y denunció que la presión fiscal recaiga en las rentas del trabajo.

Respecto de los precios, el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, consideró un "hallazgo que la izquierda se preocupe por la inflación" y aseguró que el Gobierno comparte esa inquietud. Montoro dijo que se estudian nuevas medidas contra la inflación y apuntó en concreto al sector de comunicaciones.

En relación con los tipos de interés, Folgado aseguró que la previsión de que los pagos caigan un 7,7% por este concepto "está presidida por la prudencia". El secretario de Estado de Presupuestos añadió que "no veo alteraciones importantes en los tipos de interés" a medio plazo. Según Montoro, una subida de tipos orientada al control de la inflación "no tendría efectos negativos en el crecimiento económico".

Ante la misma Comisión de Presupuestos compareció también el secretario de Estado para la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, quien se felicitó de que la intervención del portavoz socialista, Fernando Gimeno, "no haya girado, como en el pasado, en torno a la situación patrimonial de la Seguridad Social".

Explicó que el déficit de la Seguridad Social será en 1999 inferior al 0,1% del PIB previsto y cifró en 90.000 millones el superávit en el 2000. Aparicio no se pronunció sobre si los denominados complementos a mínimos de las pensiones (unos 600.000 millones) deben financiarse con cargo a cotizaciones sociales o a impuestos. Cifró, por otra parte, en 225.489 millones de pesetas la deuda de comunidades y ayuntamientos con la Seguridad Social.