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El fiscal afirma que la gestión de la funeraria fue cedida a una sociedad extranjera para eludir al fisco

Jan Martínez Ahrens

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en la querella contra la privatización de la funeraria municipal que la Agencia Tributaria intervenga con el objetivo de determinar el dinero supuestamente defraudado a Hacienda. El presunto engaño al fisco tiene su origen en la cesión que Funespaña (adjudicataria por 100 pesetas del concurso de privatización) hizo de la gestión del servicio público a una sociedad radicada en Holanda y vinculada a un imputado. Esta subcontrata, hecha sin contraprestación alguna y no prevista en el concurso, permitió a Funespaña, siempre según el fiscal, desviar sistemáticamente el dinero que le pagaban por esa gestión (20% de los beneficios) a una tercera sociedad que, asentada en el extranjero, no estaba sujeta al impuesto de sociedades (la cuota a ingresar de Funespaña rondó 750 millones de 1993 a 1997). La llamada de Anticorrupción a Hacienda viene acompañada de la solicitud de que declaren ante el Tribunal Superior por este supuesto engaño todos los imputados (14, entre ellos seis altos cargos del PP) y 22 testigos. La fiscalía entiende que en la privatización (operación ejecutada en 1992 por el gobierno municipal del PP) se cometieron cinco delitos fiscales, además de prevaricación, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en documento, entre otros.PASA A LA PÁGINA 3

La fiscalía cree que Funespaña eludió del fisco el dinero que cobró por la gestión

VIENE DE LA PÁGINA 1La fiscalía parte de la base de que los actos que permitieron la adjudicación de la funeraria municipal a la sociedad privada Funespaña (mediante la privatización del 49% de su capital social) estuvieron "predeterminados" para favorecer a dicha empresa. Se trató de una "vasta operación de enriquecimiento" que dañó al erario y cuya explicación última, según la fiscalía, residía en los pagos que la empresa mixta ha efectuado a Funespaña "a raíz de la cesión, no prevista en el concurso, de la gestión del servicio público". En esta línea, Anticorrupción cree haber descubierto tres canales por los que este dinero fue sistemáticamente desviado para eludir a Hacienda.

El primer caso que describe el fiscal tiene fecha de nacimiento: el 3 de febrero de 1993. Ese día la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y Funespaña suscribieron el contrato que otorgaba a esta última la gestión. Funespaña, sin embargo, firmó esa misma jornada otro contrato con la sociedad Itcon, radicada en Holanda, por el que le cedía precisamente los ingresos procedentes de la gestión. Es decir, generó una subcontrata por la que traspasaba la gestión de un servicio público del Ayuntamiento de Madrid a una sociedad desconocida y extranjera. Todo ello, además, "sin contraprestación real". Este mecanismo, siempre según el ministerio público, jamás fue previsto en la privatización ni en el propio contrato de gestión, pero se explica en la medida en que permitió no tributar en España. A ello se añade otro dato esencial: ambas sociedades (Funespaña e Itcon) estaban vinculadas a la misma persona, José Ignacio Rodrigo (también imputado). "Existen indicios de que Funespaña como tal "organización" no hizo nada más que facilitar los nombres de las personas a quienes tenía que pagar la Empresa Mixta por desempeñar la gestión y por ello percibió y sigue percibiendo el 20% de los beneficios de la funeraria, y no consta que Itcon hiciera otra cosa que llevarse los ingresos, con evidente duplicidad", afirma la querella.

Mecanismo del fraude

En septiembre de 1994, Funespaña, pese a tener contrato con Itcon hasta el 2016, firmó otros dos del mismo tipo con las sociedades Astaldo e IAF. El fiscal revela el mecanismo supuestamente empleado por estas empresas para defraudar a Hacienda: aplicar al dinero recibido por la gestión la bonificación (95% en la cuota íntegra del impuesto de sociedades) que establecía una ley de 1993 para los rendimientos procedentes de explotaciones económicas. Pero ambas empresas, como recalca el fiscal, no realizaban actividad alguna "salvo que por explotación económica se entienda el mero hecho de recibir dinero, lo cual no responde obviamente a las previsiones de la ley".

IU anunció ayer que estudia ampliar la querella para que los imputados respondan de hechos como la "concesión de cementerios con canon cero hasta el 2016" o la "subcontratación con otras empresas". Entre los querellados se encuentra el actual consejero de Sanidad, el concejal de Sanidad, el de Patrimonio y un ex teniente de alcalde.

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Sobre la firma

Jan Martínez Ahrens
Director de EL PAÍS-América. Fue director adjunto en Madrid y corresponsal jefe en EE UU y México. En 2017, el Club de Prensa Internacional le dio el premio al mejor corresponsal. Participó en Wikileaks, Los papeles de Guantánamo y Chinaleaks. Ldo. en Filosofía, máster en Periodismo y PDD por el IESE, fue alumno de García Márquez en FNPI.

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