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La protección financiera, el nuevo foco a neutralizar por la Administración Trump

El Departamento de Eficiencia del Gobierno entra en la CFPB, supervisora de la banca y servicios financieros como el que Elon Musk planea para X con su cartera digital

CFPB
El interior de la sede del edificio de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, este lunes en Washington.Jacquelyn Martin (AP)

El 30 de enero, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ordenó a la empresa de remesas internacionales Wise a pagar una multa de dos millones de dólares por publicidad engañosa sobre costos y tasas de cambio y 450.000 dólares en restituciones a clientes. Un día antes, esta agencia presentó un informe que revelaba que los miembros del Ejército hacen frente a créditos más caros para la compra de un auto. Pero hoy, las oficinas de la CFPB están cerradas, su personal —unas 1.600 personas— tiene instrucciones de no trabajar y se sigue un protocolo similar al de la agencia de cooperación internacional USAID que la Administración Trump ha ido desmantelando.

Pero el futuro de la CFPB es más oscuro que incierto. Durante el pasado fin de semana, el Gobierno de Donald Trump ordenó el cierre temporal de estas oficinas y la suspensión de la supervisión de la banca, instituciones financieras y organizaciones de pagos, apenas días después de echar a su director, Rohit Chopra, antes del fin de su mandato.

Chopra fue sustituido desde el 3 de febrero por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pero cuatro días más tarde la dirección fue tomada de forma interina por el director de la Oficina de Gestión del Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought. El nuevo responsable de esta oficina, uno de los autores de la agenda conservadora llamada Proyecto 2025, y el mismo viernes se abrieron las puertas al equipo del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) dirigido por Elon Musk, que tiene ahora acceso a información financiera.

La cuenta en X de esta agencia ha desaparecido. En esta misma red social, su dueño, Musk, dejó el mensaje “CFPB RIP”, anticipando su fin. Musk, que además de formar parte del Ejecutivo de Trump tiene también empresas que son contratistas del Estado federal, tiene planes de ofrecer un servicio de “cartera digital” y entrar en el sector de las finanzas a través de X, algo cuya supervisión caería de lleno en la cartera de la CFPB si no desapareciera. A finales de enero llegó a un acuerdo con el emisor de tarjetas de crédito Visa, que será el primer socio de X Money Account.

Vought ha señalado en su cuenta de X que la CFPB tiene un balance en sus cuentas que califica de “excesivo”, de 711.6 millones de dólares. “Este grifo, que durante mucho tiempo ha contribuido a la falta de rendición de cuentas, ahora se está cerrando”, ha dicho. La Casa Blanca mandó un listado de actuaciones que considera conflictivas de esta agencia con informaciones ligadas a la publicación del Daily Caller, un medio on line cofundado por Tucker Carlson.

El sindicato de empleados federales ha presentado dos demandas para responder a estas acciones. La primera contra Vought para frenar su directiva de detener la labor de la oficina y la segunda para bloquear al DOGE el acceso a la información del personal. A la espera de una decisión judicial y con las acciones de la Administración Trump, también se ha cerrado la posibilidad de presentar quejas por parte de los consumidores. La propia página de la CFPB da cuenta de que desde su formación se han atendido más de 6,8 millones de quejas de los consumidores, se han entregado más de 21.000 millones de dólares en alivio financiero y unos 205 millones son elegibles para recibir ayuda financiera.

Esta agencia independiente que ha puesto en marcha medidas de seguridad en caso de remesas, ha limitado los costos de sobregiro, ha atajado programas engañosos de emisores de tarjetas de crédito y fue creada tras la crisis de 2008 como una de las medidas para evitar la repetición de una situación creada desde el sistema financiero.

Ayanna Pressley
La representante demócrata, Ayanna Pressley, junto a otros miembros del Congreso en una protesta en apoyo de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, este lunes en Washington.Jacquelyn Martin (AP)

Su estructura fue creada por la senadora demócrata Elizabeth Warren, que ha pedido que no se desmantele y quien ha estado presente en una manifestación a las puertas de esta en la que trabajadores de la agencia, sindicatos y otros legisladores se han dado cita para protestar no solo el cierre de actividades sino también la llegada del DOGE. “Para quien quiere comprar una casa, esta es tu lucha”, dijo este lunes la senadora Warren, hablando de la necesidad de luchar contra la apatía y la impotencia y restablecer la supervisión financiera. “Para quienes necesitan un préstamo para comprar un auto y no quieren caer en la trampa de la letra pequeña, esta es tu lucha”, siguió enumerando.

Warren se refirió a las intenciones de Musk de crear una nueva plataforma de pagos e hizo énfasis en los conflictos de intereses del empresario. Es como si quien estuviera cometiendo un atraco “despidiera a los policías y apagaran las alarmas”, explicó.

Desde el Center for American Progress, un think tank de corte progresista, Lillith Fellowes-Granda, directora asociada de regulación financiera, explica: “Desde que abrió sus puertas hace más de una década, la CFPB ha ahorrado a los consumidores más de 21.000 millones de dólares y ha hecho cumplir reglas en las que muchos confían para construir crédito o comprar una casa. Al proteger contra trampas de deuda y tarifas excesivas, la CFPB ha hecho que el mercado financiero para los consumidores sea más seguro y accesible”.

Para la experta, las acciones anunciadas por Vought “debilitan drásticamente la independencia de la CFPB”. “Los intereses financieros de los consumidores están ahora en riesgo y los depredadores financieros tienen luz verde”, añade.

Esta agencia, de regulación, supervisión y cumplimiento, no ha gozado nunca de mucho favor entre los republicanos y en la anterior legislatura de Trump llegó a estar presidida por Mick Mulvaney, que tuvo el mismo puesto que Vought y fue también jefe de Gabinete del presidente durante su primer mandato.

Cerrar la CFPB requerirá una acción del Congreso porque su creación se hizo por ley, pero si eso no se consigue la nueva jefatura puede neutralizarla. Puede parar su labor reguladora y de control, lo que se traduce en una desregulación financiera mientras muchas de sus actuaciones quedarían en el limbo. Por ejemplo, las nuevas reglas para limitar los costos que se cargan por sobregiro tenían previsto entrar en vigor el 1 de octubre de este año.

Además, la CFPB tenía previsto que en marzo de este mismo año entrara en vigor una regulación del sector de los préstamos del día de pago (payday loans) para evitar que los prestamistas de estos créditos de alto costo, pudieran intentar hacer un cobro en una cuenta vacía más de una vez, algo que da lugar a elevadas penalizaciones para el acreedor o el cierre de la cuenta. La legislación sobre esta práctica considerada abusiva se presentó en 2017, fue llevada a los tribunales por las empresas del sector y finalmente salió adelante tras su paso por el Tribunal Supremo.

Y en abril estaba previsto que se recibieran comentarios sobre una legislación para prohibir prácticas abusivas en contratos de adhesión (aquellos en los que el cliente no puede negociar cláusulas), que en su letra pequeña pueden resultar en una censura a la libertad de expresión u otros derechos constitucionalmente protegidos.

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