El PP impone su rodillo y acusa a Sánchez de gobernar “de espaldas” al Senado y “usurpar” al poder legislativo

El Senado se ha vuelto a convertir en un cuadrilátero de boxeo en el que PP ha impuesto su mayoría absoluta dentro de su estrategia de convertir cada debate de la cámara en un tormento para el PSOE escudado, en esta ocasión, en un error en la ley de eficiencia judicial que a su juicio ha derivado en un conflicto de atribuciones con el Congreso y el Gobierno. El partido de Alberto Núñez Feijóo se ha agarrado a la corrección a principios de año en el BOE y en el Boletín Oficial de las Cortes —aprovechando los socialistas su control de la cámara Baja— con el propósito de que dos grupos de jueces, omitidos por una equivocación, pudiesen cobrar el complemento de destino al igual que el resto de las categorías judiciales, para acusar al Ejecutivo de “despotismo” y “gobernar de espaldas” a la cámara, según su portavoz Antonio Silván.

“La argucia se les ha ido por completo de las manos, una vez más se han ensuciado las manos con una artimaña antidemocrática utilizando la fórmula de la corrección de errores para modificar un texto legal aprobado por las Cortes. Estamos ante un tick autoritario de [Pedro] Sánchez con el que se ha producido una total usurpación e intromisión del Gobierno en la potestad legislativa”, ha clamado el senador popular. Como era de esperar, el Senado ha aprobado el último tirón de orejas al Ejecutivo por 148 votos a favor, 90 en contra y 24 abstenciones para que se aprueben dos requerimientos formales al Congreso y el Gobierno y revoquen la modificación. Mientras el PP se erigía en el paladín de la democracia “en la era sanchista”, legiones de turistas fotografiándose en los alrededores del Palacio Real y las terrazas a rebosar de clientela ajenos al panorama desolador que pintaba el principal partido de la oposición y ganador de las últimas elecciones generales, como se han encargado de recordar los senadores del PP, al igual que Feijóo ya había reiterado por la mañana en la reunión que ha mantenido con los diputados y senadores de su partido.

El PSOE ha esgrimido frente a las críticas que se había dado una solución a un error muy concreto que afectaba a unos 2.000 funcionarios de la justicia y que la corrección del error se ajustaba a derecho. El senador Toni Magdaleno ha defendido que la fórmula ideada por el Gobierno y en el Congreso fue “la más eficaz de solventar el error” y el conflicto de atribuciones “no soluciona ningún problema”. “Al Senado nadie le ha usurpado sus atribuciones constitucionales y las ha ejercicio en su lugar”, ha sido el resumen de su intervención, en la que no ha distinguido al PP de Vox y les ha igualado en “su coalición negacionista y de la internacional ultra”.

En esa línea, Magdaleno ha incidido además en que el PP tiene como asesor en el Senado al abogado de Manos Limpias personado en la causa contra el fiscal general del Estado. “Es inaceptable que los ciudadanos sigan pagando el sueldo en diferido al abogado de Manos Limpias que tienen contratado aquí para hacer el trabajo sucio de la ultraderecha. La decencia exige su cese inmediato. A ver si la tienen y actúan en consecuencia”. El discurso de Vox no se ha diferenciado del empleado por el PP: “El PSOE y sus socios tienen una misión clara: destruir a España. Asaltar las instituciones es el deporte base de los socialistas. Cada vez le importa menos saltarse la legalidad. Total, es mejor destruirla, ya que en la situación actual esa destrucción es necesaria para poder sobrevivir. Estamos ante un atropello más de una interminable lista que ha sufrido la constitución y la separación de poderes”, ha afirmado la senadora Paloma Gómez.

La supuesta extralimitación de funciones por parte del PSOE y del Gobierno ha propiciado otra oportunidad a Junts para marcar perfil propio con el fin de que no se le incluya en el bloque de la investidura y tampoco en el de la derecha. “Más allá de quien tiene razón, si el Gobierno o la oposición, y más allá de este denominado conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, hay una evidencia: la España Política, ustedes, son el país del Lazarillo de Tormes. Es una lástima que la España Política siempre acabe llevando las cosas al límite para así intentar hacer trampas sin parecerlo demasiado”, ha porfiado el senador Eduardo Pujol.

El presidente del Senado le ha interrumpido varias veces y conminado a que hablase en castellano en vez de en catalán: a diferencia de lo que sucede en el Congreso, los senadores solo pueden utilizar el catalán, el gallego o el euskera en la comisión de comunidades autónomas o cuando se debaten mociones en el pleno. “El Partido Popular tiene esta sensibilidad con las lenguas oficiales”, ha reprochado el representante de Junts, que ha aprovechado su turno para recordarle al PSOE su dependencia en el Congreso del voto de los siete diputados de la formación de Carles Puigdemont. “Señorías del PSOE, lo que nos dicen en Suiza también lo deben decir en España. ¿Qué prefieren? ¿El riesgo de perder algún voto o el riesgo de perder el Gobierno? Díganle al presidente Sánchez que espabilen en la aplicación de la ley de amnistía y la defensa de su aplicación correcta”, ha advertido. Un mensaje al que la bancada socialista ha prestado muchísima más atención que a las andanadas del PP.