El PSE propone al Gobierno crear un fondo para igualar los servicios sociales en las tres provincias

A pesar de que los ciudadanos de Euskadi pagan unos impuestos similares en las tres provincias, no reciben los mismos servicios sociales ni en calidad ni en cantidad. La constatación de este hecho ha impulsado al PSE a presentar una proposición no de ley en el Parlamento por la que se insta al Gobierno a crear un fondo económico para conseguir igualar el gasto social en los tres territorios. Los recursos de este fondo se destinarían a "las zonas y comarcas que presentan problemáticas más agudas y mayores carencias de servicios", indica en la propuesta.

El PSE presentó ayer algunas proposiciones para relanzar debates de marcado carácter social y otra en la que urge al Departamento de Sanidad a presentar cuanto antes el futuro Plan de Salud. La proposición sobre el fondo para igualar el gasto social se debatirá en uno de los plenos que la Cámara celebrará durante el mes de octubre. Según la parlamentaria socialista autora de la proposición, Gemma Zabaleta, la diferente calidad de los servicios sociales que se prestan causa "un trato desigual" para los ciudadanos y "graves" problemas a las familias que les necesitan. El último estudio elaborado por el Departamento de Trabajo y Bienestar Social reveló que desde 1990 a 1996 las administraciones han elevado su aportación a los servicios sociales en un 63,1%, al pasar de 35.000 a más de 57.000 millones. Por territorios, Álava destinó en 1996 casi 12.000 millones de pesetas a esos fines; Vizcaya, 27.819 millones, y Guipúzcoa, 17.380. Pero si se tiene en cuenta la población, Álava invirtió 42.590 pesetas por habitante; Vizcaya, 24.417, y 25.619, Guipúzcoa. Las diputaciones forales son las que aportan la mayor parte del gasto, con el 60% del total. El Gobierno llega al 20% y los ayuntamientos rondan el 18%. Si las cifras de inversión se desglosan por sectores, Álava dedica para la Tercera Edad 15.526 pesetas por persona, Guipúzcoa destina 8.518 y Vizcaya no pasa de 6.783 pesetas, menos de la mitad que Álava. En el caso de las personas con minusvalías, las cifras siguen reflejando las diferentes realidades: en Álava se destinan 9.867 pesetas por habitante, en Guipúzcoa la cantidad se reduce a 6.800 y en Vizcaya no pasa de 6.000 pesetas. Ádemás, el peso de los servivios sociales públicos no es el mismo en las tres provincias. Los vizcaínos dependen del sector privado en un 70%, mientras que en Álava es la inversa: el 70% de los servicios sociales son públicos. Zabaleta recalcó la idea de que, pese al esfuerzo realizado, "todavía queda un amplio camino por recorrer hasta alcanzar los niveles de desarrollo del resto de ciudadanos europeos". La situación de bonanza económica, con unas recaudaciones de impuestos por parte de las diputaciones algo superiores a las previstas, fue el argumento que empleó la parlamentaria socialista para apuntalar su propuesta de crear un fondo económico. "El reparto de la riqueza, además de una necesidad para reducir las diferencias, debe ser la consecuencia lógica del aumento de riqueza que se está generando entre todos y cuyos beneficios deben llegar a toda la ciudadanía", reclamó la parlamentaria. La proposición no de ley también recuerda al Gobierno la necesidad de desarrollar la Ley de Servicios Sociales, aprobada durante la pasada legislatura, cuando los socialistas dirigían la cartera de Trabajo, Justicia y Bienestar Social. Esta ley establece a qué nivel administrativo (Gobierno, diputaciones o ayuntamientos) corresponden las competencias en materia social, pero lo hace de una forma muy genérica, lo que motiva que en muchas ocasiones sean dos instituciones las que se hagan cargo de una misma responsabilidad ante la indefinición de la norma. Así, Zabaleta lanzó varias preguntas: "¿A quién compete la financiación de los ancianos dependientes? La ley dice que debe ser un servicio especializado el que se haga cargo de un colectivo específico. De esa forma le tocaría pagar íntegramente a la Diputación. Sin embargo, este servicio lo están pagando los ayuntamientos, las diputaciones y los usuarios". Plan de Salud para el 2000 El PSE también ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento en la que reclama al Gobierno que presente a comienzos del próximo año el futuro Plan de Salud, que abarcará los próximos cinco años. El actual Plan de Salud, vigente desde 1996, concluye el próximo año. El Plan de Salud establece los objetivos básicos de salud, define las prioridades que deben ser atendidas mientras se mantenga vigente y orienta la actividad de los diferentes sectores y de las actividades sanitarias hacia las necesidades de salud de la población vasca. La pasada semana, Sanidad hizo público un estudio sobre las causas de mortalidad en la comunidad autónoma durante el periodo 1991-1996, que servirá de base para establecer las pautas de actuación en el futuro Plan de Salud.