Las miserias de la Cataluña próspera

Cataluña es una de las 10 regiones más ricas de Europa y sin embargo registra unos déficits en servicios sociales propios de comunidades menos desarrolladas. Faltan guarderías, geriátricos, políticas de integración de los inmigrantes, ayudas a la infancia en situación de riesgo, a discapacitados, a la formación de adultos. Así se lo reclaman diferentes sectores sociales a la Generalitat, administración que cuenta con competencias exclusivas en este terreno y que, desde hace años, tiene prácticamente congelado el presupuesto de su Departamento de Bienestar Social.El titular de esta cartera, el consejero Antoni Comas -12 años en el cargo, desde su creación- ha sido el blanco en las críticas de los partidos de la oposición, que ve en él la máxima expresión del "autista político", en palabras de la socialista Marina Geli, presidenta de la Comisión de Política Social en el Parlament. Geli recuerda: "En 19 años de Gobierno de CiU sólo ha habido un debate monográfico en el Parlament sobre su política social". Comas ha tenido que superar en varias ocasiones las propuestas de reprobación de su política en el Parlament.

A la izquierda le molesta especialmente que el consejero Comas haya sabido introducir a los nacionalistas en sectores sociales que consideran propios. Muchas veces le han acusado de clientelismo, de comprar con subvenciones la fidelidad de muchos ciudadanos en barrios y ciudades periféricas.

Pero nadie le discute su buen trabajo en la creación de modélicas, aunque muy escasas, residencias geriátricas de la Generalitat, así como en el establecimiento de una buena red asistencial para disminuidos psíquicos, terreno en el que ha pactado con las asociaciones para crear centros solventes para la estimulación precoz.

Pobreza y exclusión social.

En Cataluña también hay pobres de solemnidad. Aunque el consejero de Bienestar Social lo niegue, como hizo el año pasado cuando rebatió el informe anual de Cáritas Diocesana. Precisamente, los últimos datos avanzados por esta entidad, brazo social de la Iglesia, proyectan una situación preocupante en la provincia de Barcelona: Cáritas ha atendido a 10.241 personas con graves necesidades sociales y económicas en el primer semestre de este año, principalmente mujeres y personas solas. Esto supone un incremento considerable de su trabajo asistencial si tenemos en cuenta que en todo el año pasado atendió a 14.603 personas. Núria Gispert, directora de Cáritas, avisa: "El boom económico también crea pobreza crónica y exclusión social". Gispert apuesta por una universalización de los servicios sociales, "como se ha hecho con la educación y la sanidad", en la línea de lo que defienden los partidos de izquierda.

Guarderías y familia.

30.000 plazas de guardería infantil, y no en seis años, como prometió en febrero el consejero de Educación en el Parlament, sino sólo en cuatro. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha subido el listón de la promesa electoral de su Gobierno esta misma semana. El déficit de plazas públicas geriátricas y de guardería se ha convertido en el auténtico talón de Aquiles de la política social de la obra nacionalista. Un estudio de la Universidad de Barcelona ha cifrado en 40.000 el número de nuevas plazas que se necesitan en Cataluña para alcanzar una situación mínimamente aceptable en la escolarización de los niños de 0 a 3 años. Menos del 20% de los 167.000 niños catalanes de esta edad están escolarizados. Las políticas activas de la Generalitat para favorecer a las familias no han ido mucho más allá de las arengas del presidente Pujol para superar uno de los índices de natalidad más bajos de Europa: 1,2 hijos por mujer.

Pensiones.

Pujol subió al Aneto, convocó las elecciones y, a la semana siguiente aprobó por decreto una paga extra para los 70.000 catalanes que cobran una pensión no contributiva o asistencial. La excusa: compensarles, con una paga única de entre 7.800 y 5.410 pesetas, de la diferencia que se ha producido entre la subida del IPC en Cataluña y en el conjunto del Estado desde 1995. La operación de la Generalitat, con un coste de apenas 465 millones de pesetas, ha salido parcialmente del dinero que el gabinete del consejero de Bienestar Social tiene adscrito para ayudas a las familias. Las críticas de electoralismo vertidas por toda la acusación fue respondida por Pujol aduciendo que este tipo de personas "no acostumbra a votar". Por si acaso, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha estimado que las cartas dirigidas por Antoni Comas a los pensionistas, justo el día después de aprobarse la paga, "infringe" la ley electoral porque las misivas "van más allá de la obligación de informar de los acuerdos de Gobierno". Las pagas llegaron a sus destinatarios la semana pasada, en una de las acciones sociales más rápidas que se recuerdan en la política catalana.

Inmigración.

Para explicar las bondades de su gobierno, la Generalitat proclama que sus políticas son pioneras en España. El plan interdepartamental de inmigración extranjera lo es, ciertamente, pero también es una entelequia. El plan catalán, que existe desde 1993, ha sido tildado de "farol" por la gran mayoría de los representantes de las organizaciones sociales. Bienestar Social, que coordina esta política, ha cifrado en 42.338 millones de pesetas el dinero que la Generalitat ha destinado a inmigrantes entre 1993 y 1998. El consejero Comas ha sido muy criticado por sumar los 15.000 millones que se ha utilizado Servicios Penitenciarios en el mantenimiento del millar de presos extranjeros que hay en Cataluña.Las organizaciones acusan a la Generalitat de carecer de una política clara en este terreno, que sólo ven positiva en la concesión del PIRMI, las rentas mínimas de inserción. Creen que la Generalitat no sabe cómo afrontar el hecho de ser la comunidad española con más inmigrantes y ponen como ejemplo de desorientación los sucesos racistas ocurridos en Terrassa el verano pasado: Pujol citó al palacio de la Generalitat al Consejo Asesor de la Inmigración, un órgano ninguneado hasta el momento, y les entregó, como si fuera labor propia, el borrador de la nueva Ley de Extranjería que las formaciones políticas todavía hoy debaten en el Congreso.