Guerra de bastones

En Cataluña viven algo más de un millón de personas mayores de 65 años y sólo hay 6.359 plazas geriátricas públicas, lo que la coloca entre una de las tres comunidades autónomas con menos oferta pública asistencial para ancianos. Este déficit, de difícil justificación política, ha provocado el último gran encontronazo entre los nacionalistas de Convergència y los partidos de la oposición, especialmente con los socialistas, espoleado por un consejero de Bienestar Social bregado en agrias disputas en terrenos que la izquierda considera propios.Los meses previos a las elecciones municipales del pasado 13 de junio, el consejero Antoni Comas endosaba al Ayuntamiento de Barcelona toda la culpa de la situación en una ciudad especialmente afectada por la falta de residencias.

Comas acusó al alcalde Joan Clos y a su mentor Pasqual Maragall de no haber cedido los solares necesarios, pero éstos le replicaron que era Bienestar Social quien ponía trabas: había llegado a pedir una fotocopia compulsada del DNI del alcalde como requisito para formalizar la cesión de los terrenos. Comas publicó un anuncio en varios periódicos, valorados en un millón de pesetas, para reafirmarse en su disputa con el Ayuntamiento "ante las mentiras y medias verdades difundidas".

Desde enero pasado, el cruce de acusaciones dejó atónitos a las asociaciones de jubilados, que reclamaron a los políticos menos bulla y más obra social.

Ahora, sin embargo, en puertas de las elecciones autonómicas, la llamada guerra de los geriátricos parece haberse diluido como un azucarillo. La batalla se ha saldado sin heridos en el bando socialista, que afianzó su liderazgo en el control político de la capital catalana. El consejero ha dejado de insistir en el tema. Incluso ha pactado un preacuerdo con la nueva concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona para construir 10 geriátricos nuevos. Eso sí, sin concretar en qué margen de tiempo los creará y con qué dinero. Las cuentas de su gestión no le avalan: Bienestar Social ha rebajado en los últimos años un 70% el dinero que venía dedicando a la creación de residencias, centros de día y viviendas tuteladas. Las listas de espera para entrar en un geriátrico, de requisitos muy exigentes, pasan por el maquillaje burocrático mientras cientos de jubilados deben emigrar de Barcelona para ser atendidos.