La Comisión Europea exige al Gobierno información sobre los incendios del lino

La Comisión Europea ha exigido en una reciente carta al Gobierno español que le envíe la información sobre el caso del lino, especialmente sobre "el origen de los incendios de varios stocks y productos procesados". Ésta es la segunda requisitoria que Bruselas remite a Madrid en el curso de pocas semanas. La carta recuerda que la última información recibida sobre el lino "data de enero de 1997", cuando en realidad los Gobiernos están obligados a informar cada tres meses. Agricultura sostiene que esa información depende de los datos que tienen las comunidades autónomas.

Ya antes de las vacaciones de agosto, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión (OLAF) reclamó información a Madrid, sin resultados. Ahora, su director en funciones, Brix Knudsen, insiste, con fecha 6 de septiembre, ante el máximo responsable del Fondo Español de Garantía Agraria. Recuerda en su nueva carta que el organismo solicitó al fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, "el inicio de una investigación" sobre las presuntas irregularidades en la tramitación de las subvenciones europeas al cultivo del lino textil español, "incluyendo el origen de los incendios de varios stocks y productos procesados, ocurridos hace algunos meses en ciertas áreas de producción". "La OLAF", prosigue, "espera los resultados de esta investigación al objeto de decidir sobre ellas eventuales medidas a tomar"."Sin perjuicio del resultado de esa investigación, recuerdo a las autoridades españolas su obligación" de notificar a Bruselas "un estadillo con las irregularidades registradas", advierte el jefe de la oficina antifraude. "Como hasta la fecha mis servicios no han recibido ninguna notificación, la última recibida por la OLAF relativa al sector del lino relativa a una irregularidad data de enero de 1997, desearía recibir la información que falta lo antes posible", concluye.

En el Ministerio de Agricultura, dirigido por la comisaria Loyola de Palacio cuando supuestamente se produjeron las irregularidades del lino, sostienen que la primera misiva, la de julio, sólo avisaba de la posibilidad de realizar una inspección, y no pedía datos concretos. Después de recibir la carta el 6 de septiembre, lo que han hecho es pedir esa información que solicita Bruselas a las comunidades autónomas que, según Agricultura, son las que deben suministrarla. El 16 de septiembre se produjo una reunión en la que el ministerio solicitó los datos a las autonomías, y a partir de ahí se responderá a la carta. Agricultura cree que no ha incumplido ninguna norma porque al no tener constancia de ninguna irregularidad desde 1997, no tiene obligación de informar de ellas. El asunto de los incendios, uno de los motivos de la carta, no es competencia de este ministerio, o al menos eso sostienen.

Los Gobiernos de la Unión Europea vienen obligados a informar a Bruselas de este tipo de asuntos en virtud del reglamento 595 de 4 de marzo de 1991. Se les exige informar trimestralmente de las irregularidades constatadas, antes de los dos meses posteriores a cada trimestre natural. La información que deben proporcionar es muy amplia. Debe versar sobre la disposición transgredida, la importancia del gasto efectuado, el momento en que se cometió la irregularidad, cómo se fraguó, cómo se descubrió, sus consecuencias financieras "y las posibilidades de recuperación" del dinero evaporado.

Nada de esto ha sido proporcionado. Las irregularidades del lino se conocieron en torno al mes de marzo, con lo que a finales de mayo el Gobierno español debía haber transmitido la información disponible. O, en el peor de los casos, dentro del plazo de dos meses posteriores al segundo trimestre, es decir, en agosto. Tampoco cumplió ese plazo.

Pero Bruselas prefiere no hacer sangre con estos incumplimientos temporales, dado que los plazos son relativamente interpretables. La OLAF sí se muestra inflexible en el deseo de definir el alcance de las irregularidades y, en consecuencia, de recuperar el dinero de las ayudas comunitarias que ardió en España en forma de fardos de lino almacenado. Si se demuestra, como sospecha la OLAF, que ha habido "negligencia" de la Administración española en este asunto, tocará al presupuesto del Estado devolver al presupuesto comunitario los recursos recibidos en concepto de subvenciones que hubieren sido malversados.