El debate sobre el derecho de injerencia en misión humanitaria divide a la ONU

ENVIADO ESPECIALEl derecho de injerencia por motivos humanitarios divide a la ONU. Con el trasfondo de la guerra de Kosovo, la tragedia de Ruanda o las matanzas de Timor Oriental, la Asamblea General ha abierto un debate en el que está en juego la paz y la guerra. Es decir, quién tiene el poder de hacerlas. Un frente formado por potencias nucleares como Rusia, India y China, junto con Colombia, Cuba y Venezuela, se constituye contra la idea de Kofi Annan, EEUU y los Gobiernos europeos.

En el fondo palpita la preocupación por la hegemonía planetaria de Estados Unidos, cuyo armamento está una o dos generaciones por delante de la del resto del mundo, y la necesidad de reforma de Naciones Unidas. Todos los países parecen favorables pero nadie sabe cómo hacerla. En el centro de la polémica está el derecho de veto que mantienen las potencias ganadoras de la II Guerra Mundial en el Consejo de Seguridad y que no están dispuestas a ceder.El guante del debate fue arrojado por el propio secretario general, Kofi Annan, en su informe a la Asamblea General que abrió el actual periodo de sesiones y los Estados se han apresurado a recogerlo. Annan suscitó ante los delegados la responsabilidad moral de una generación que asistió impasible al genocidio de Ruanda, se dividió sobre la intervención militar en Kosovo y ha vuelto a unir sus voluntades ante la crisis de Timor Oriental. "Desde Sierra Leona a Sudán, de Angola a los Balcanes, de Camboya a Afganistán, existe un gran número de países que necesitan algo más que palabras de simpatía de la comunidad internacional", afirmó el secretario general de la ONU.

Pero el derecho humanitario de injerencia, tal como es ejercido por algunas grandes potencias, es para China o para Cuba una nueva versión de la "diplomacia de la cañonera" que el imperio británico despachaba durante el siglo XIX cuando sus intereses se veían amenazados. El canciller chino Tang Jiaxuan, como el ruso, Igor Ivanov, o el indio, Jaswant Singh, consideran que es muy peligroso jugar con el concepto de soberanía nacional. Estas tres potencias nucleares, ya de segundo orden, tienen dentro de sus fronteras graves problemas -Tibet, Daguestán y Cachemira son sólo tres ejemplos- y temen que puedan ser utilizados en nombre de la defensa de los derechos humanos.

El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, cuyo país padece una guerra civil larvada con frentes difusos en los que se mezclan la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, hizo también una contundente intervención ante la Asamblea General en contra de la "injerencia o intervención extranjera" en los asuntos internos. El propio Pastrana reconoció que obervaba con preocupación "la creciente ola de rumores infundados sobre intervenciones militares en Colombia, con el propósito de ayudar" a su país "en la lucha en la que está empeñado". Colombia, señaló, rechaza cualquier intervención.

El problema de fondo radica en quién y cómo decide que se está produciendo una violación masiva de los derechos humanos que merece una intervención de la comunidad internacional. Todos los ojos se vuelven entonces hacia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde el derecho de veto ha impedido en más de una ocasión, y no sólo en Kosovo, la intervención militar bajo bandera de las Naciones Unidas.

Alemania, que busca un lugar en la comunidad internacional apropiado a su creciente peso político y económico en el mundo, reconoció ante la Asamblea General que el caso de Kosovo debe ser considerado como "una excepción y no servir como precedente para debilitar el monopolio del Consejo de Seguridad en la utilización legal de una fuerza internacional". El ministro alemán de Exteriores, Joschka Fischer, que no oculta el deseo de su Gobierno de tener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, dijo que las intervenciones humanitarias no pueden ser un pretexto para una intervención militar en el exterior. Ello "llevaría a abrir la puerta a un uso arbitario del poder y nos retrotraería al siglo XIX".

Fischer lanzó una oferta sugerente. No sólo cambiar la composición del Consejo de Seguridad, ampliándolo, sino también introducir la obligación de que los países que ejerzan el derecho al veto tengan que explicarlo ante la Asamblea General.