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Infancias
Tribuna
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Niños, niñas y adolescentes

Una economía que no crece lo suficiente, como ocurre en Chile desde hace cerca de una década, va generando pesados bolsones que alimentan un círculo vicioso de vulnerabilidad al cual ingresan cada vez más chilenos

Un adolescente en una estación de tren en Chile.
Un adolescente en una estación de tren en Chile.Pablo Jeffs Munizaga - Fototrekk (Getty Images)

Entre enero y septiembre de 2024 cerca de 29.000 menores de edad fueron consignados como infractores de la ley por el Ministerio Público chileno. La cifra al tercer trimestre fue, según la versión de prensa, 12,7% superior a la del mismo período del año anterior, ganándose ese dato un lugar destacado en el panteón de cifras oficiales que periódicamente escandalizan por dar cuenta de una tragedia de profundas imbricaciones sociales, políticas y económicas.

Si se considera que esta estadística parcial del año 2024 entregada por la Fiscalía registra solo a aquellos niños, niñas y adolescentes que el sistema logró identificar como infractores de la ley y que, muy probablemente, el dato verdadero de menores que están empantanándose en una encrucijada de vida al margen de la ley es mucho mayor, se podrá comenzar a aquilatar la verdadera magnitud de esta falla sistémica que supone una tremenda hipoteca social.

Habría que agregar que las cifras de deserción escolar del último tiempo ya eran una luz de alerta, probablemente conectadas con el mercado laboral” lleno de “oportunidades” que les presenta a estos menores el submundo del crimen, sin que el Estado y la sociedad como un todo estén haciendo esfuerzos que permitan ver con esperanzas que este fenómeno se contendrá y, ojalá, revertirá.

Una economía que no crece lo suficiente, como ocurre en Chile desde hace cerca de una década, va generando estos pesados bolsones que, por el sólo efecto de la gravedad, como ocurre en un molino de agua, alimentan un círculo vicioso al cual ingresan cada vez más chilenos.

La informalidad laboral es, evidentemente, una de las facetas de esta tragedia, la que, puesta en fríos números, abarca a más de 2,5 millones de personas, es decir cerca de un 28% de las personas ocupadas. Se trata de una situación contingente y de una acumulación de pasivos, si se permite la expresión, que tarde o temprano le pasará una rotunda cuenta al país.

Los niños, niñas y adolescentes que caen presas de las redes del crimen organizado, las drogas, la marginalidad educacional o la informalidad laboral, son personas para las cuales la probabilidad de reinsertarse es baja o relativamente menos atractiva, dados los esfuerzos que les supone tratar de salir de esa trampa, máxime cuando lo que les espera del otro lado es una situación precaria.

Cuando se ponen sobre la mesa estas realidades, resulta pertinente recordar que como en tantas áreas los diagnósticos abundan desde hace mucho, como el que en 2018 realizó el Ministerio de Desarrollo Social cuando lanzó la campaña Compromiso País, la que a partir de un amplio mapa de 16 vulnerabilidades sociales identificadas invitaba a distintos estamentos a sumarse a una cruzada nacional para tratar de resolver esos grandes problemas. Entre ellas estaban los más de 6.600 menores que en ese entonces estaban en residencias del Sename y los cinco millones de chilenos mayores de 18 años (sí, cinco millones) que no habían terminado su educación escolar completa. El anuncio ministerial se hizo en octubre de 2018 y logró cierta tracción, pero es bien sabido qué pasó en octubre de 2019 y cómo, desde entonces, han evolucionado las cosas.

Así, muchas de esas deudas-país que entonces se calificó como vulnerabilidades no han hecho más que aumentar y mutar en complejidad, lo que inevitablemente lleva a reflexionar sobre qué se ha estado haciendo y qué se puede hacer para resolver de manera más clara esos problemas.

Y ahí nuevamente es donde el tema del crecimiento vuelve a levantar la mano en un aula política donde reina el silencio o un desorden de malas ideas, mientras la expansión del PIB sigue empantanada en torno al 2%, es decir por debajo del nivel suficiente para absorber las necesidades sociales. ¿Puede un Estado, que está al límite del endeudamiento recomendable, abordar estos retos? ¿Puede el sector privado, donde empujar una inversión toma ocho años, ofrecer más oportunidades?

La magnitud del problema es enorme y la presión que se está acumulando no es menor. Cada año en que la expectativa del país es caer o permanecer igual de mal que el anterior, es un año que inyecta más presión al sistema, al cual muy pocos lo están monitoreando con el manómetro adecuado.



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