La crisis de la educación

La crisis de la educación escolar se manifiesta de múltiples maneras y muestra sus perniciosos efectos sobre la infancia nacional.

Los aprendizajes de los estudiantes, medidos por las pruebas SIMCE y PISA, no han mejorado durante los últimos 15 años. Dicho estancamiento deriva en que nuestra productividad y nuestro desarrollo económico no aumentan, como lo ha mostrado antes la literatura (e.g. Hanushek y Kimko, 2000).

El vínculo entre los estudiantes y las escuelas, así como su valoración por ellas y por sus docentes, se ha deteriorado. Por un lado, la deserción escolar ha aumentado y la revinculación de quienes abandonaron el sistema ha disminuido; el año pasado, 50.814 estudiantes abandonaron el sistema. Por otro lado, las relaciones de autoridad, que una vez hacían funcionar las escuelas, hoy se ven subvertidas, entre otros factores, por la falta de compromiso con los proyectos educativos. En efecto, de acuerdo con los datos SIMCE, el porcentaje de estudiantes de 4° básico que percibe que sus compañeros respetan las normas de convivencia ha caído, desde un 71,3% en 2018 a un 57% en 2023 (-14,3 puntos). No es casualidad que las denuncias por convivencia escolar ingresadas a la Superintendencia de Educación hayan alcanzado un máximo histórico el año pasado, superando las 12 mil.

Por otro lado, la matrícula de primer año en pedagogías ha caído, en 2024, a la mitad de los niveles que presentaba cerca de 2010. Elige Educar (2020) estimó un déficit de 26 mil docentes en 2025, que aumentaría a 33 mil en 2030. Al mismo tiempo, el incremento del gasto en educación ha sido primordialmente destinado a las instituciones de educación superior y no a las escuelas. En la misma línea, los niveles iniciales presentan disparidades inaceptables, en lo referido a los recursos que reciben distintos jardines infantiles. Todo esto resulta insólito, cuando la CASEN 2022 mostró una caída, por primera vez en 30 años, de la cobertura en educación parvularia. En suma, los recursos humanos y financieros escasean para la educación escolar, en un escenario donde las dificultades del alumnado crecen y se diversifican rápidamente.

Frente a estas dificultades, lo razonable y esperable sería que la autoridad en estas materias, el Ministerio de Educación, orientara su actuar a invertir en reactivar los aprendizajes; a fortalecer la autoridad docente; a desburocratizar la gestión educativa; a fortalecer la educación de calidad; y, sobre todo, a reconectar con las escuelas a los niños y niñas que hoy no estudian. En suma, a atender las urgencias que hoy aquejan a nuestro sistema y amenazan con descarrilarlo.

En ese sentido, no es aceptable destinar grandes sumas de dinero estatal a acciones de baja rentabilidad social y gran costo, como la transferencia de riqueza a individuos de relativamente altos ingresos y con educación superior. En ello consistiría la condonación de la deuda del CAE. Un 78% de quienes que hoy deben el crédito egresó de su carrera y la mayoría goza de ingresos superiores al resto de la población (ver presentación del Ministro Marcel en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el 25 de julio de 2023).

Todavía hay espacio y tiempo para que el Gobierno corrija su actuar en materia educativa, alejándose de objetivos que parecen puramente electorales y poniendo su vista en las verdaderas urgencias del sistema. Cada año que pasa el país con malos indicadores en la educación escolar es perdido, prácticamente en su totalidad, por la población más vulnerable. Los que sufren con la inacción no son quienes anuncian más fuertemente sus demandas, sino los que hoy viven en la pobreza y en la marginalidad.

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