Intxaurraga cree que la euskaldunización de la Justicia lleva 20 años de retraso

El consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, considera que la euskaldunización en la Administración judicial vasca sufre 20 años de retraso respecto a la situación de otras áreas de gobierno, como la educación. "Creo que en el mundo de la justicia estamos en una situación similar a la que existía en el mundo educativo hace 18 o 15 años", apuntó ayer en una entrevista con ETB. Intxaurraga se mostró convencido de que algunos jueces destinados en la comunidad autónoma "denotan falta de sensibilidad" con la situación de la lengua vasca. "Tienen que ser conscientes de que el euskara en la comunidad autónoma vasca es tan [lengua] oficial como el castellano, y que cualquier persona o cualquier institución tiene perfecto derecho a mantener las relaciones de la Administración de Justicia, tanto en castellano como en euskara", apostilló. Por ello, instó a realizar un esfuerzo para que la cooficialidad de la lengua vasca, reconocida en las leyes, "sea una realidad" en la práctica y en el mundo judicial. El titular de Justicia indicó que, mientras hay hechos positivos como el convenio firmado en su día con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para incentivar la euskaldunización de los jueces, subsisten "distorsiones", como el hecho de que no se puedan desarrollar juicios en la lengua cooficial por la falta de "suficientes conocimientos" de euskera. El consejero de Eusko Alkartasuna se refería de esta forma a la vista oral desarrollada el pasado martes en el Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao, donde se juzgó a todos los integrantes de la corporación municipal de Dima en 1990 por denegación de auxilio a la justicia por negarse a colaborar en las tareas de reclutamiento. La abogada Jone Goirizelaia realizó sus intervenciones finalmente en castellano, ante la incapacidad de la intérprete para traducir los términos judiciales con fiabilidad. Sueldos de los jueces En cuanto al conflicto que ha llevado al decano de los abogados vizcaínos, Eduardo Escribano, a comparecer ante los tribunales como imputado por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, el consejero afirmó que está "por atender al derecho que tiene cualquier ciudadano a designar el letrado que desee". Escribano se negó a designar un abogado de oficio después de que un juez así se lo ordenase en un caso cuya vista debió ser suspendida por la negativa de la defensa, representada por Goirizelaia, a aceptar la traducción. Respecto a las reivindicaciones de una subida salarial del 25% para los jueces, Intxaurraga indicó que se está hablando de cantidades "excesivas, lo que no quiere decir que no tengan que recibir un mayor salario, en la misma forma en que está reivindicando todo el mundo el incremento salarial". No obstante, rechazó que la subida de las retribuciones esté vinculada con la independencia judicial.