Zozobra permanente

LA APERTURA de un expediente administrativo a cuatro altos cargos de la Inspección Fiscal de Valencia por supuestas irregularidades de carácter grave recuerda a la opinión pública que la Agencia Tributaria vive una etapa de inestabilidad y de sobresaltos continuos que minan peligrosamente su prestigio institucional. A grandes rasgos, primero fue el caso de la pretendida amnistía fiscal de 200.000 millones, que aireó el Gobierno del PP contra sus antecesores socialistas y que rechazaron por inconsistente los tribunales y la Comisión Parlamentaria encargada de investigar la denuncia. Luego afloró el escándalo Aguiar-Huguet, dos de los estandartes del rigor fiscal en tiempos del PSOE; continuó con la disolución de la Unidad Especial de Estudios Económicos de la Agencia y la detención de uno de sus miembros; y la secuencia se prolonga ahora con los cuatro expedientes citados. Sin contar con el rosario de huelgas y conflictos protagonizados por inspectores y subinspectores que revelan un grave malestar de fondo en la Agencia que va más allá del caos administrativo.El papel vital que desempeña la Agencia Tributaria en el orden democrático exige que las investigaciones sobre las actuaciones dudosas de sus funcionarios se lleven hasta el final y que se pongan en conocimiento de los tribunales las pruebas, si existen, de cualquier irregularidad. Pero ante el desbarajuste general en la Agencia, ya no cabe sostener, como hasta ahora se ha hecho desde el Gobierno, que estamos ante "casos aislados". Son demasiados casos y, lo que es peor, algunos confunden a la opinión pública, quizá porque están mal o insuficientemente explicados. No es lo mismo un asunto como el de Aguiar y Huguet, cuyos protagonistas llevan años fuera de la administración, que los expedientes abiertos en Barcelona y Valencia a inspectores en ejercicio.

Es obligado reconocer que el primer caso se destapó casi accidentalmente en el juicio civil seguido en Londres por el caso Torras, mientras que los otros han sido descubiertos por la Auditoría interna. Sin duda, esto mejora la confianza de los contribuyentes, pero el responsable de la Agencia, Juan Costa, debería explicar por qué se abren los expedientes y qué relación guardan con las denuncias que un juez instructor desestimó en su día por falta de pruebas contra uno de los ahora expedientados. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre el alcance de las presuntas irregularidades detectadas y evitar así un clima de zozobra fiscal permanente.