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El Gobierno endurece las sanciones en su normativa sobre control de perros

La falta del microchip que identifica a un perro o el que el dueño de un can carezca de una póliza de seguros que cubra los posibles daños que cause su animal serán consideradas como faltas grave y muy grave, respectivamente, en la norma que regulará la posesión de perros en Euskadi. El endurecimiento de las sanciones es uno de los aspectos principales del nuevo reglamento de control de perros, que el Departamento de Agricultura ya ha ultimado y que enviara a los ayuntamientos y las diputaciones (que tendrán que aplicarlo) y a los colegios de veterinarios para que lo revisen. Agricultura prevé remitir el proyecto definitivo al Parlamento vasco a finales de este mes. La alarma social causada por los ataques caninos llevó al Parlamento vasco a reclamar al Gobierno de Vitoria una norma de control de perros peligrosos el pasado mes de marzo. Pese a que la Ley de Protección de Animales, de 1993, establecía que en un año se desarrollarían los aspectos de control, no se han dado pasos concretos hasta ahora. En principio, Agricultura era partidaria de que el Gobierno central elaborase una norma para toda España, pero cuando comprobó por dónde iba a ir ese reglamento, decidió elaborar una normativa vasca propia, algo para lo que es competente. PASA A LA PÁGINA 5

El dueño de un perro que no disponga de seguro podrá ser multado con hasta 2,5 millones de pesetas

VIENE DE LA PÁGINA 1 La consejería ha redactado ya un reglamento para los perros en general, sin incidir en determinadas razas. Ésta es la primera diferencia con la norma del Gobierno central, que incluirá un listado de perros potencialmente peligrosos en el momento en que sea sancionado el proyecto y entre en vigor. Otra diferencia es que el reglamento vasco requerirá que los perros pasen de forma obligatoria una revisión veterinaria cada año. El veterinario podrá elaborar un historial con los incidentes de cada animal, comprobar si participa en peleas, si tiene un carácter agresivo o si su dueño no se preocupa de desparasitarle, con lo que se actualizarán los censos de que disponen los ayuntamientos. Agricultura estudia la posibilidad de acusar a los dueños que no se preocupen de desparasitar a sus perros de un delito contra la salud pública. El director de Ordenación e Investigación del Medio Natural del Departamento de Agricultura, Álvaro Iturritxa, es concluyente al analizar la primera divergencia entre la norma vasca y la estatal: "La normativa del Estado y los reglamentos de las comunidades de Madrid y de Cataluña responden a la necesidad de dar respuestas a la sociedad, pero no entran en el fondo de la cuestión. Sólo regulan un grupo de razas, las que consideran como potencialmente peligrosas, pero la mayoría de las agresiones son protagonizadas por otro tipo de perros. El perro más pacífico se puede volver agresivo con un niño por una cuestión de celos". Controles El artículo 2 del borrador hace hincapié en la importancia de que los animales estén perfectamente identificados. Aunque en la actualidad es obligatorio que los perros porten un microchip con los datos del dueño, Agricultura ha comprobado que hasta el 40% de los canes que hay en Euskadi no están identificados. "Se van a intensificar las campañas para que los dueños no puedan eludir su responsabilidad. De forma aleatoria, la Ertzaintza o la Policía local podrán hacer controles sobre los canes", explica Iturritxa. Todos los propietarios tendrán que suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que pueda provocar su mascota, algo que ahora no es obligatorio. El seguro tendrá un efecto disuasorio respecto a las razas con más riesgo, ya que no costará lo mismo una póliza para un pastor vasco o alemán que para un dogo argentino o un rottweiler. Sin embargo, en contraposición al proyecto del Ejecutivo central, en Euskadi los dueños de perros no tendrán que presentar un certificado de aptitud psicológica al adquirir un perro de cualquier raza. La ausencia de microchip va a ser considerada como una falta grave, lo que supone un endurecimiento respecto a la clasificación anterior, en que estaba tipificada como falta leve. El no disponer de seguro o no acudir a la revisión veterinaria pasan directamente a ser faltas muy graves. "Los dueños tienen que tomar conciencia de lo que supone tener un perro", apunta Iturritxa. Para las faltas leves las sanciones van desde las 5.000 a las 50.000 pesetas, para las graves desde las 50.001 a las 250.000 pesetas y para las muy graves desde las 250.000 hasta los 2,5 millones de pesetas. Los animales deberán circular con correa homologada por los lugares públicos. Las correas extensibles quedarán prohibidas para los perros que pesen más de diez kilos. El bozal será obligatorio en el caso de los canes con un historial conflictivo, algo que las autoridades podrán conocer gracias a la obligación de pasar una revisión veterinaria al año. El texto deja en manos de los ayuntamientos la prohibición de que los perros circulen por determinados ámbitos, como los parques infantiles.

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