La Universidad de Málaga investiga el uso de un sello de Derecho para avalar el PGOU de Marbella

El rector de la Universidad de Málaga, Antonio Díez de los Ríos, abrirá una investigación para esclarecer cómo ha ido a parar el sello de la institución a dos informes que avalan la política urbanística de Jesús Gil. Así lo manifestó ayer tras conocer una denuncia de Los Verdes de que el alcalde de Marbella ha aportado en el expediente de aprobación definitiva del PGOU dos documentos con el tampón de la cátedra de Derecho Administrativo. Los dictámenes han sido realizados por abogados que no pertenecen al departamento y el catedrático dice que el sello "podría ser falso".

El hecho es cuanto menos extraños: los dictámenes están firmados por los abogados Ramón Pelayo y Tomás Ramón Fernández y rubricados con el tampón del departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Málaga. Pero ninguno de los dos pertenezce a él. Ramón Pelayo es abogado en ejercicio y abogado del Estado en excedencia y Tomás Ramón Fernández es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y abogado en ejercicio. El rector de la Universidad de Málaga (UMA) Antonio Díez de los Ríos expresó ayer su "sorpresa" al saber que dos de los abogados que participaron en las jornadas de urbanismo organizadas por Jesús Gil hace ahora un año estamparon el sello de la UMA en los informes emitidos para avalar las tesis urbanísticas del alcalde de Marbella. "No me suena haber autorizado una cosa de este tipo. Pudiera tratarse de una usurpación de funciones", manifestó tras tener conocimiento de una carta que ha enviado la portavoz de los Verdes, Inmaculada Gálvez, al catedrático de Derecho Administrativo, Ángel Sánchez Blanco. Gálvez también expresa en la carta su "perplejidad" porque ambos infomes estén avalados por este departamento. "Desconcozco si esta institución, ha realizado algún pronunciamiento público sobre este asunto", reza el documento, "pero si ha decidido opinar como miembro de una institución ha de conocer las versiones de otras partes interesadas en el expediente". "Como departamento no avalamos nada", dijo Fernández Blanco, que catalogó el hecho de "anecdótico", y sugirió que el tampón podría haber sido falsificado. "Hacer un sello cuesta 200 pesetas". Es decir, que él no autorizó a Pelayo y a Fernández para emplear el nombre de la UMA en los informes jurídicos favorables a la revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Gil. "Es un uso malintencionado querer implicar a quienes nada tenemos que ver", dijo. La única explicación que encuentra es que en el curso de doctorado que se celebró en noviembre sobre política territorial en la UMA, y en el que se repartieron ambos informes como documentación, alguien pudiera manipular los originales. Pero Gálvez que participó en el curso asegura que no se dio como documentación en ningún momento. "Lo único que se facilitó fue un documento del Ayuntamiento con los datos generales de la revisión". La actuación de Sánchez Blanco con repecto al PGOU de Marbella ha sido controvertida. El agosto de 1998, después de que la Comisión Provincial de Urbanismo vetara el documento de GIL, realizó un informe para la Delegación de Medio Ambiente de Málaga que concluía que era necesario que el alcalde aportase junto a su revisión un estudio de impacto ambiental y en el que aseguraba que el alcalde se había extralimitado con la figura del convenio. Sin embargo, en las jornadas organizadas por el Ayuntamiento la política en materia urbanística no le pareció tan mal. Los dos documentos que aparecen con el sello de la UMA, según dijo Gálvez, figuran cuanto menos en el recurso ordinario que presentó Gil agosto de 1998 contra la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo, que le fue desestimado. Contra esta decisión el alcalde interpuso otro recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga. También se adjuntó, según la abogada, en la querella que puso Gil por prevaricación contra los funcionarios y técnicos de la Comisión en el juzgado número tres de Málaga en julio de 1998. Gálvez sostiene que la presenta en todas las diligencias penales que tiene abiertas por presuntos delitos urbanísticos.