La violencia de Colombia amenaza a Panamá

Apenas queda medio millar de soldados estadounidenses en Panamá, y muchos temen que la guerrilla colombiana, o los paramilitares que la combaten, aprovechen la definitiva salida de las tropas gringas, el próximo 31 de diciembre, para adentrarse en territorio nacional, saldar a tiros sus diferencias y agravar las calamidades sociales registradas en la selvática frontera del Darién.Panamá no tiene Ejército, vigila la divisoria sur un destacamento de 1.500 policías, y Estados Unidos no parece dispuesto a que tan exigua fuerza controle un tramo fundamental del istmo que une América Central con América del Sur y de las rutas de accesos al canal construido hace 85 años para enlazar los océanos Atlántico y Pacífico. El conflicto colombiano arrastra casi 40 años sin solución a la vista, y no sólo complicó las relaciones con Venezuela después de que el presidente Hugo Chávez se manifestara proclive a entablar conversaciones bilaterales con la guerrilla quiéralo o no el Gobierno de Andrés Pastrana. También en los límites panameños la situación se enreda. El jefe paramilitar colombiano Carlos Castaño ha declarado blanco de sus ataques a la Guardia Nacional panameña, a la que acusó de complicidades con la guerrilla en los sucios negocios del narcotráfico y el comercio de armas. Este cargo abrió un nuevo frente de preocupación. "Notificamos públicamente a la cancillería colombiana y a la señora Mireya Moscoso, presidenta de Panamá, que hemos declarado objetivo militar a todos aquellos miembros de la Guardia Nacional de ese país, quienes trabajan en abierta connivencia con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en la zona de la frontera. Tenemos pruebas fehacientes".

Un choque entre la Guardia Nacional y los paramilitares tendría consecuencias graves en una provincia de 60.000 habitantes, el 62% en la pobreza, que subsisten con la pesca o la agricultura, y cuya extensión boscosa constituye el 22% del territorio istmeño. Panamá sufre las incursiones de las FARC, con 14.000 hombres en armas, y en el Darién unidades guerrilleras eluden la persecución del Ejército colombiano, descansan, se avituallan, o hacen planes. A esta incómoda vecindad se suman ahora las amenazas del ultra Castaño, cuyo terror contra secundan unos 4.000 hombres en bandas financiadas por terratenientes, ganaderos o narcotraficantes, desasosiegan.

Investida el 1 de septiembre, Mireya Moscoso, viuda del difunto patriarca Arnulfo Arias, tres veces presidente, tres veces derrocado, estudia qué modalidad de colaboración militar conviene, o es factible, con EEUU, que a final de año devolverá el canal en cumplimiento de los acuerdos Torrijos-Carter del 7 de septiembre de 1977, y desalojará a sus últimos soldados de las riberas de la vía acuática. "Estamos mejorando las relaciones y cooperación entre Panamá y Estados Unidos", declaró la pasada semana a corresponsales extranjeros Winston Spadafora, ministro de Interior.

Necesariamente deberá ser así porque en junio, el general Charles Wilhelm, responsable del Comando Sur, había advertido ante un comité del Senado estadounidense que había que tomar cartas en el asunto, pues los cuerpos de seguridad panameños carecen de mandos, entrenamiento y arsenal suficientes para contener un asalto a gran escala de las FARC. "O se protegen o los protegemos, vinieron a decirnos", interpretó una fuente política consultada en Panamá.

El Ejército, las Fuerzas Panameñas de Defensa, fue disuelto poco después de la invasión estadounidense a Panamá, en 1989, que detuvo y encarceló al general Manuel Antonio Noriega, bajo cargos de narcotráfico. Noriega siempre jugó a dos bandas y, según fuentes periodísticas, suscribió un compromiso de no agresión con las FARC, cuyo perfil en el Darién sería bajo a cambio de la "tolerancia" panameña con los cruces de frontera guerrilleros.

Acuerdo con EEUU

El Ejecutivo de Moscoso desearía cerrar los confines con Colombia, pero no tiene capacidad para hacerlo. Por ello sopesa un acuerdo con Estados Unidos con dos objetivos esenciales: facilitar a Washington la lucha regional contra el narcotráfico, la prioridad del norte, y amedrentar a las guerrillas desde el aire. En esa dirección, una de las alternativas a debate es permitir que aviones estadounidenses efectúen vuelos de reconocimiento despegando desde bases panameñas, en una fórmula parecida a la acordada por el Pentágono con Ecuador o la isla antillana de Curação. Hasta ahora el centro de operaciones estadounidense contra el narcotráfico era la base de Howard, en la zona del canal, con 15.000 vuelos anuales de identificación de los aviones sospechosos procedentes de la región andina en ruta hacia Centroamérica y el Caribe. La defensa del canal de Panamá es otra de las preocupaciones norteamericanas. Fernando Manfredo, copresidente del Grupo de Trabajo binacional encargado de limpiar los campos de tiro y áreas de bombardeo utilizados desde 1903 por los marines, no cree que la salida de las tropas norteamericanas deba alarmar. Hace algunos años, una comisión de expertos y militares estadounidenses debatió sobre la protección del canal y las posibles amenazas, informó Manfredo a este diario. Las amenazas esgrimidas fueron: disturbios civiles, acto de sabotaje, o un ataque armado de un grupo guerrillero, o de otro país. Todos coincidieron en que frente a los disturbios o una incursión guerrillera menor, la policía era suficiente. Un acto de sabotaje ni un millón de soldados pueden evitarlo. Y en el caso de un ataque desde un tercer país, los diez o quince mil soldados acantonados en Panamá serían reforzados con el envío aerotransportado de 100.000 más.