El Gobierno catalán propone reducir los plazos de pago de los hipermercados

La Generalitat de Cataluña reclamó ayer a la Administración central medidas urgentes para limitar el poder de las grandes superficies de distribución y los efectos de la fusión de Pryca y Continente sobre el sector y sus proveedores. Con esos objetivos, el Ejecutivo catalán propone que en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para el 2000 se establezca un plazo máximo para el pago de las grandes superficies a los proveedores y se defina claramente cuándo una empresa disfruta de una posición de dominio en el mercado.

Las líneas generales de la propuesta las planteó ayer el director general de Industria y Comercio de la Generalitat, Jaume Angerri, en la reunión que celebró en Madrid el Observatorio de la Distribución Comercial, un órgano consultivo del sector que asesora al Ministerio de Economía. Angerri, en la intervención más polémica de la reunión, defendió que el comercio es un sector estratégico, uno de los principios políticos de la Generalitat. Alegó que la fusión de Pryca y Continente, que actuarán bajo la marca Carrefour, altera el equilibrio en la distribución.Por ello solicitó "medidas urgentes para evitar una posición de dominio que no pueden esperar ni elecciones ni cambios políticos". A su juicio, esas medidas deberían introducirse en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos actuando en dos líneas generales. Primero, reducir los plazos de pagos de las grandes superficies a una media europea, con una máximo de 90 días. Y además, definir cuál es la cuota de posición de dominio en el sector, ya que la actual Ley de la Competencia fija un máximo del 25% del mercado para todos los sectores.

La intervención de Angerri dividió al Observatorio entre los críticos a la fusión, que alertaron sobre sus posibles efectos negativos al Gobierno, y quienes prefirieron dejar hacer a las empresas. Entre los primeros se encontraban, además de la propia Generalitat, la agrupación de fabricantes FIAB, las Cámaras de Comercio y las asociaciones de pequeños comerciantes.

La mayoría de los presentes guardó silencio. Entre estos últimos se contaban los representantes de las comunidades autónomas, las grandes superficies y la Administración, representada por la secretaria de Estado de Comercio, Elena Pisonero, y Luis de Guindos, director general de Defensa de la Competencia. Pisonero se limitó a asegurar que se escucharían las quejas de las autonomías respecto a las zonas concretas en las que la fusión podría alterar la competencia.